La 'Declaración por la paz' considera negativa la ilegalización de partidos

El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y el Foro Cívico por el Dialogo presentaron ayer al lehendakari, Juan José Ibarretxe, y públicamente en un acto en el Parlamento vasco, la Declaración por la paz, la normalización institucional y la concordia civil en Euskadi, fruto de casi un año de reflexión e intercambios entre diez personalidades académicas y políticas vascas y catalanas. Entre quienes suscriben la declaración están los senadores y diputados nacionales y autonómicos Jordi Solé Tura (PSOE), Carles Bonet (ERC) Ramón Jáuregui (PSOE), Rafael Ribó (IC), Emilio Olabarria (PNV), los catedráticos de Derecho Constitucional Marc Carrillo (Universidad Pompeu Fabra) y Gurutz Jáuregui (Universidad del País Vasco), y de Derecho Administrativo Enric Argullol, y el presidente del instituto organizador, José Manuel Bandrés.

El escrito señala a ETA y su entorno como 'el mayor déficit democrático' y 'el obstáculo fundamental' para la paz y la convivencia normalizada en Euskadi, y plantea la necesidad de recuperar la 'unidad democrática' para dar una respuesta común a la violencia. A partir de ahí, subraya que la Constitución y el Estatuto encauzaron 'bastantes problemas', pero han resultado insuficientes, y advierte de que las 'estrategias unilaterales', entre las que se cita la 'ilegalización de partidos', impiden esa 'unidad imprescindible' para la paz. (Esta parte del manifiesto, alusiva a la Ley de Partidos, no la suscribe Ramón Jáuregui).

Los firmantes realizan tres recomendaciones: la convergencia de los Gobiernos vasco y central para pactar materias como la normativa de partidos o la política penitenciaria; la aceptación por todos de que debe abrirse un debate sobre el modelo autonómico y constitucional, abordando temas como la presencia de las comunidades autónomas en los órganos de la UE, y la institucionalización de las relaciones con Navarra y la cooperación con el País Vasco francés.

En el caso de que los acuerdos que se alcanzaran exigieran 'una revisión del marco institucional vigente', ésta se efectuaría, según la propuesta, conforme a los procedimientos de reforma constitucional y estatutaria establecidos y exigiría su refrendo por la ciudadanía.