El Supremo anula el plan de reconversión del taxi y la tasa que lo sufragó

El Tribunal Supremo dictó ayer una resolución que ya es firme por la que abre la puerta a que los taxistas puedan reclamar de la Entidad Metropolitana del Transporte unos 3.000 millones de pesetas que han abonado para sufragar el plan de reconversión del sector del taxi. El auto, que también condena a la Administración a pagar las costas, confirma la sentencia que en su día dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La resolución dictada por el Tribunal Supremo se produce después de que la Entidad Metropolitana del Transporte recurriese la sentencia que dictó hace dos años el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esa sentencia anuló el Plan de Viabilidad y Modernización del Taxi aprobado en 1998 al considerar arbitrario e injustificado que debieran desparecer 1.215 licencias. Igualmente, la sentencia anuló también la contribución especial de 65.000 pesetas por licencia y año que habían de pagar los taxistas durante cinco años para financiar la reconversión del sector.

Ahora el Tribunal Supremo ni siquiera ha entrado a estudiar el recurso presentado contra esa sentencia porque, vienen a decir los jueces, no tiene ningún fundamento. La legislación contencioso-administrativa establece que para recurrir al Tribunal Supremo es necesario que se haya infringido una norma de derecho estatal o comunitario, lo que está claro que no ocurre en este caso. 'Es más, ni siquiera se citan en el escrito preparatorio del recurso los concretos preceptos que se reputan infringidos, por lo que el presente recurso debe ser inadmitido', dice la Sección Primera del Tribunal Supremo, en lo que resulta un duro varapalo para los abogados recurrentes.

Pero hay más. Como el recurso de la Entidad Metropolitana se inadmite, se condena a la Administración a pagar las costas del proceso. Es decir, la minuta de los abogados de los recurrentes. Juan Carlos Maresca, el letrado que representó a los taxistas, anunció ayer, además, que solicitará de la Administración que abone en concepto de los daños y perjuicios causados.

Los efectos de la sentencia

Al margen de ese recurso, la Entidad Metropolitana interpuso otro contra una segunda sentencia del TSJC que también anuló las liquidaciones que giraba el Instituto Municipal del Taxi para que se pagasen esas contribuciones. Pues bien, el mismo auto conocido ayer del Tribunal Supremo ya avanza que tampoco en ese aspecto dará la razón a la Administración y que ha acordado igualmente la inadmisión del recurso por los mismos motivos. Ahora, con sentencia judicial firme, los taxistas pueden exigir el pago del dinero abonado, 'porque los efectos de la sentencia son extensivos', explicó el abogado Juan Carlos Maresca. El proceso puede durar cuatro o cinco meses.

Francisco Narváez, concejal de Vía Pública del Ayuntamiento de Barcelona y presidente del Instituto Metropolitano del Taxi, declinó ayer pronunciarse sobre el contenido de la sentencia porque la desconocía.

El auto del Tribunal Supremo es el primero de una serie de resoluciones idénticas que se dictarán en los próximos días, todas ellas presentadas por el mismo letrado, que, al final, ha defendido los intereses de unos 1.000 taxistas que se negaron a pagar.

La sentencia dictada hace dos años por el TSJC que ahora ha confirmado el Supremo no ahorraba calificativos contra las ordenanzas aprobadas en su día y contra la retirada de 1.215 licencias en el plazo de cinco años que 'queda en la más acentuada indefinición', decían los jueces.

Otro de los acuerdos anulados establecía que el taxista que se acogiera al plan de reconversión recibiría 5,5 millones de pesetas procedentes de esa contribución especial de 65.000 pesetas anuales. El TSJC dijo que esa forma de financiación no se ajustaba a la legalidad, como tampoco el cobro de una contribución especial. El impulsor del polémico plan de reconversión del taxi fue Blas Alascio, que después fue gerente de Vía Pública de Barcelona.