Maltrato institucional

Mi hijo cumplirá próximamente tres años. He cursado la solicitud de matrícula para Educación Infantil (EI) en un colegio público cercano a mi casa. Además, me han hablado de la elevada calidad de este colegio en Educación Infantil y como pienso que hay que potenciar los servicios públicos, mi opción ha sido esa.

Por desgracia, me encuentro que mi hijo no ha sido seleccionado. No podrá cursar EI en este colegio. Sólo tiene seis puntos por cercanía de su vivienda al centro, no hay hermanos, no hay minusvalía a valorar y la renta de sus padres puntúa cero. Porque su padre y su madre trabajamos, somos funcionarios. Así, me encuentro que el sistema de enseñanza penaliza a mi hijo porque sus padres trabajan y tienen una renta superior a la establecida.

Esto es grave. Pero igual de grave es el trato recibido por parte del inspector de zona correspondiente a este colegio hacia mí y hacia otro padre que, como yo, solicitamos una cita para plantearle ciertas cuestiones. Señor inspector: su tiempo está al servicio de personas como yo, madre de un niño de tres años al que se le daña en su derecho a la escolarización en el colegio más cercano a su domicilio y no otro ubicado a dos kilómetros de su casa; su obligación es escucharme y atenderme.

En lugar de eso, durante toda la entrevista no paró de mirar el reloj; nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo; que no tenía obligación de escucharnos e, incluso, dijo que si el colegio al que mi hijo tendría que ir estuviese lejos pero fuese privado, yo no acudiría a presentar mis quejas.

Hace tiempo que no me sentía tan indignada. Sólo he ejercitado un derecho, el de solicitar información sobre algo que para mí es importante y que creo que daña el interés de mi hijo al obligarlo a realizar un desplazamiento que supone un esfuerzo para un niño de tres años y para sus padres.

Es una vergüenza que nuestro sistema educativo no salga de la mediocridad para convertirse en un sistema basado en la planificación racional de los recursos y en la satisfacción de las necesidades de la población, en este caso, infantil. Es una vergüenza que tengamos casi que suplicar una cita con un inspector para que éste nos diga que no hemos utilizado el cauce oportuno. Y es una pena que yo salga de un organismo público, la Delegación de Educación Provincial de Sevilla, sintiéndome indignada y maltratada institucionalmente.