El precio de la educación

Una de las críticas más extendidas al proyecto de Ley de Calidad de la Educación ha sido la ausencia de una valoración económica de las medidas propuestas y la falta de previsión de los mecanismos para financiarla. Hay que considerar, por tanto, la aparición de una memoria económica para la ley como un dato positivo; lo malo es que no hay mucho más en ella que merezca compartir esa valoración.

Los recursos estimados para acometer las reformas se cifran en 159 millones de euros al año, una cantidad francamente modesta teniendo en cuenta que debe aplicarse al conjunto de la educación infantil, primaria y secundaria. Además, la distribución prevista de esta cantidad suscita no pocas preocupaciones.

A la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, que es el tramo en el que se reconocen las principales carencias y que más medidas de apoyo necesita, se dedicará menos del 20% del total. La dificultad en la adquisición de las herramientas culturales e intelectuales básicas para desarrollar estudios posteriores o entrar en el mundo laboral, junto con la diversidad del alumnado en esta fase, requiere más profesores para atender a los alumnos de forma individualizada, más formación, más especialistas y reforma o ampliación de las instalaciones y equipamientos. Con itinerarios o sin ellos, esta etapa educativa exige un gran esfuerzo de la Administración, que, sin embargo, parece confiar más en ampliar las prestaciones de los medios ya existentes que en aumentar éstos.

Del resto, la suma más importante, equivalente a las tres cuartas partes del monto total, se dedicará a implementar la gratuidad en la enseñanza infantil, lo que redundará principalmente en financiar los centros privados, en los que esta franja no tiene carácter gratuito al no ser obligatoria. Pero no están claras las implicaciones de lo que se anuncia como un desembolso 'en una sola anualidad', tal y como reza el texto de la memoria. Es evidente que las nuevas prestaciones necesitan ser cubiertas todos los años, por lo que es lógico preguntar quién las financiará en años sucesivos. Quizá las comunidades autónomas, pero este punto nos lleva a una de las más grandes debilidades de esta reforma. Si la educación ha sido transferida, no se entiende esa absoluta falta de comunicación con las autonomías para decidir conjuntamente sobre contenidos de la ley y sobre su financiación.

Se trata, según ha manifestado la ministra del ramo, de un documento preliminar; hay que esperar, por tanto, que se tengan en cuenta ideas y aportaciones de todos cuantos tienen algo que decir en materia educativa para mejorar un texto a todas luces insuficiente.