Euskadi cuenta con cuatro de los 22 fiscales españoles expertos en medioambiente

El País Vasco cuenta con cuatro de los 22 fiscales dedicados específicamente a investigar delitos medioambientales en España, según los datos recopilados por los grupos ecologistas. Pese a que sólo la Comunidad de Valencia tiene más efectivos que la comunidad autónoma vasca, los ecologistas consideran insuficiente el número actual sobre todo 'cuando no tienen dedicación exclusiva'. A su juicio, es necesaria además la existencia de una policía judicial que esté especializada en delitos ecológicos.

Incluso seis de las 17 comunidades autónomas no tienen ningún fiscal de delitos ecológicos, según el estudio realizado por Ekologistak Martxan, la agrupación que aúna a la mayoría de colectivos vascos. Se trata de La Rioja, Castilla-León, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha y Cantabria. La situación contraria se da en la comunidad valenciana, con cinco fiscales, ubicados en servicios específicos, como ocurre también en Barcelona o Madrid.

En el País Vasco los cuatro que trabajan en temas medioambientales están distribuidos entre los dos emplazados en Vizcaya y uno más, respectivamente, en Guipúzcoa y Álava. Navarra cuenta con un fiscal para asuntos ecológicos.

La Fiscalía vasca dedicada a esta materia empezó a funcionar a principios de los 90, aunque siempre sin dedicación exclusiva, ya que sus integrantes se ocupaban también de otros asuntos penales. La situación empeoró a finales de la década hasta el punto de que a mediados de 1999 la fiscal jefe del País Vasco, María Ángeles Montes, decidió que no existiese un órgano destinado específicamente a los delitos medioambientales y que se repartiera este trabajo entre los distintos fiscales. Un año después, Montes rectificó esta decisión y volvió a nombrar a uno de sus subordinados para que se encargue de los delitos ecológicos.

Número insuficiente

Ekologistak Martxan considera que los cuatro existentes en el País Vasco y el de Navarra es 'un número insuficiente y más cuando no tienen dedicación exclusiva'. Sin embargo, admiten la mejor situación si se compara 'con las otras comunidades autónomas' españolas.

Los ecologistas defienden la necesidad de la existencia de una policía judicial, especializada en delitos ecológicos, dado que en Euskadi no funciona el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), que sólo actúa en casos determinados a requerimiento de los jueces. 'Ante la denuncia por cualquier delito ecológico nos encontramos con una policía que no sabe lo que debe hacerse ni está dotada de los medios necesarios para hacerlo'.

Estos colectivos defensores del medio ambiente sostienen que, 'ante hechos claramente delictivos', su única opción es la denuncia ante los juzgados, 'ya que interponer querellas no suele ser viable por la dificultad de obtener pruebas para imputar a los autores, la imposición de fianzas impagables o por las costas procesales'. Por ello, abogan por la creación de una Fiscalía Especial de Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia vasco y en las tres audiencias provinciales.