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Editorial:

Deberes en la huelga

Más de 350.000 ciudadanos de Barcelona y su área de influencia carecen estos días de transporte público debido a la huelga de autobuses que, con carácter indefinido, afecta a la ciudad y a su entorno. Una huelga en la que los trabajadores no respetan los servicios mínimos establecidos por el Gobierno catalán. Se trata de una actitud inaceptable. La huelga es un derecho de los trabajadores, pero no una patente de corso. Los derechos conllevan deberes y entre ellos se encuentra el cumplimiento de los servicios mínimos cuando las huelgas afectan a servicios públicos esenciales.

Las razones que abonan la implantación de tales servicios mínimos en sectores socialmente sensibles como el del transporte, traen cuenta del hecho de que en un conflicto así, los derechos en presencia son varios y contradictorios. Está el de los trabajadores, pero también el de los usuarios (particularmente los que cuentan con menos recursos económicos) a la libre circulación. Si empresas y administraciones deben respetar el derecho de huelga, los trabajadores, al incumplir lo arbitrado por la Generalitat, han vulnerado gravemente los derechos de ese otro e inmenso colectivo. Así se consagra una enorme desproporción y un condenable desequilibrio entre los distintos intereses y derechos en liza. ¿Quién responde de ello?

Más aún cuando las demandas laborales incluyen peticiones de aumentos de entre el 20% y el 34%, cifras que resultan estratosféricas si se comparan con las negociaciones colectivas en otras empresas. Pero es que además, se producen en una empresa pública que exhibe números rojos. Unas peticiones difícilmente comprensibles por los contribuyentes, cuyos impuestos se emplean en cubrir el déficit del servicio.

Ante estos datos, palidecen la falta de destreza negociadora de la compañía municipal y la dubitativa actuación del Gobierno de la Generalitat, que ya el lunes, al iniciarse la segunda fase del conflicto, esta vez con carácter indefinido, debió implantar los servicios mínimos. Pero si a la Administración municipal (socialista) le ha fallado la pedagogía y a la autonómica (nacionalista) le ha sobrado desinterés por un conflicto que erosiona a su rival ideológico, lo determinante del mismo es el monumental exceso de excesos en el planteamiento sindical.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de mayo de 2002