Una empresa se apropia de 74 hectáreas de de un pueblo mediante un resquicio legal

Los alcaldes de tres pueblos (Brea de Tajo, Driebes y Albares), el primero de Madrid y los otros dos de Guadalajara, están indignados: hace unas semanas se dieron cuenta de que 74 hectáreas que siempre han pertenecido a una mancomunidad de la que forman parte están registradas a nombre de Derivados Mineros, SL. Esta empresa asegura que quiere construir una cementera en la zona fronteriza entre Madrid y Guadalajara. Los tres alcaldes se han querellado contra el de Almoguera, municipio también integrado en la mancomunidad, al que acusan de supuesta prevaricación.

Las fincas en litigio son propiedad de la Mancomunidad de Almoguera, según consta en el catastro del Ministerio de Economía y Hacienda relativo a Guadalajara. Y pertenecen a esta mancomunidad desde hace mucho tiempo: al menos desde que en agosto de 1500 el Papa Clemente VIII, en virtud de una bula pontificia emitida en Roma, sancionase esta propiedad a nombre de la 'provincia de Almoguera'. Y así ha permanecido hasta el 13 de febrero de 1998, en que fue registrada a nombre de la empresa Derivados Mineros, SL. Esta empresa lleva varios años solicitando permisos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para construir una fábrica de cementos en la zona. El último paso burocrático lo dio el 14 de enero pasado: pidió la 'calificación urbanística' de una de estas fincas para 'fabricación de componentes de hormigón'.

¿Cómo es posible que unas tierras que desde tiempo inmemorial han servido a los vecinos de estos pueblos para pastorear el ganado o recoger leña pasen, sin venta ninguna, a manos de una empresa? Mediante una argucia legal tan simple como sutil: estas tierras, a pesar de su extensión, no estaban registradas. La mancomunidad de Almoguera no había protegido sus derechos inscribiendo las tierras en el registro de la propiedad correspondiente. Y cualquiera que entendiera de derecho hipotecario podía registrarlas a su nombre.

Para eso era necesario aportar documentos que acreditaran que esa propiedad había sido vendida dos veces (es decir, había cambiado de dueño en dos ocasiones). O dicho de otra manera: si C podía documentar que A se la había vendido a B y que B se la había vendido a C, este último podía registrar el terreno a su nombre, a falta de una última condición: que la inscripción en el registro fuera publicada, mediante un edicto, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente en el que se sitúa la finca para comprobar así que nadie ponía objeciones ni tenía nada que alegar. El artículo que permite este ardid es el 205 de la Ley Hipotecaria de 1947.

Compra y venta

En el caso de las dos fincas de la mancomunidad, los compradores y los vendedores se conocían bien: la primera persona que vende la finca es Manuel Figueras García, apoderado de Derivados Mineros, SL, que se la vende a Isabel Alcón Rivero y su esposo José Luis Gutiérrez Muñoz (éste es también apoderado de Derivados Mineros, SL). Ambos cónyuges son padres de Raúl Gutiérrez Alcón, a su vez apoderado único de esa empresa. La segunda transacción, y la que posibilita la posterior inscripción en el registro de la propiedad de las dos fincas, es la que efectúan los cónyuges directamente en favor de la sociedad Derivados Mineros, SL. Esto ocurría en febrero de 1998.

La condición de publicar el edicto durante el tiempo preceptivo se cumple en marzo de 1998 en el Ayuntamiento de Almoguera. Nadie pone objeciones a que estas tierras sean inscritas a nombre de Derivados Mineros, S.L.

La querella acusa al alcalde de Almoguera, Luis Padrino, del PSOE, de supuesta malversación de caudales públicos, apropiación indebida y prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] por no haber impedido la inscripción registral de estas fincas. 'Es evidente que la inscripción en el registro de la parcela comunal a nombre de Derivados Mineros', sostiene la querella, 'es producto de una maquinación o ardid dirigido mediante engaño a producir un desplazamiento patrimonial, lo que permite invocar (...) la estafa. (...) Y tal estafa (no sabemos si será la única), independientemente de que haya contado con otros autores o partícipes (...) es imposible sin que en ella participe el querellado, el alcalde del Ayuntamiento de Almoguera y presidente de la Mancomunidad, que dispone de los medios para llevar al engaño'.

La querella interpuesta por los tres alcaldes -Julián Llamas, de Driebes; Fernando Brihuega, de Albares, y Rafael Barcala, de Brea, todos del PP- añade: 'Conoce el alcalde [de Almoguera] perfectamente que lo que se va a publicar [en el edicto] no corresponde con la realidad y que la resolución de publicación o inserción [en el registro] es una resolución prevaricadora, en cuanto arbitraria. Él es presidente de la Mancomunidad y tiene acceso al catastro, guardando celosamente los datos del mismo. Si ordena publicar un edicto donde un privado se atribuye ignoramos por qué mirífico hecho o título una parcela que es de la Mancomunidad, lo hace prevaricando, torciendo el derecho'.

El diputado socialista madrileño Francisco Garrido, que ya se opuso a la construcción de la cementera, señala: 'Cuando se anunció que en Almoguera se iba a construir una cementera, ya anuncié que ahí había algún listillo. Y ahora una empresa, que no tiene mucho capital para levantar una cementera, se apropia de los terrenos. No me importa que el acusado sea un alcalde del PSOE. En esa zona hay unos conseguidores que se están apropiando de terrenos de forma irregular por muy poco dinero en espera de futuras recalificaciones para industrias o viviendas'.