Los editores denuncian que Educación hace un uso restrictivo de los acuerdos de la Acadèmia

La asociación de editores valencianos acordó ayer exigir a la Consejería de Educación que deje de realizar un uso restrictivo de los acuerdos normativos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que consideran correcto el empleo, por ejemplo, de aquest. Desde la consejería se continúa con la política que hace unos años desembocó en la denuncia de censura de determinados vocablos. Los editores reiteran su petición de derogación del decreto de homologación y estiman que la AVL debe encargarse de vigilar la adecuación lingüística de los libros de texto.

Los representantes de la Associació d'Editors del País Valencià consideraron positivo el acuerdo adoptado por la AVL el pasado lunes en virtud del cual la institución debe ejercer la competencia reconocida en su ley de creación de 'informar sobre la adecuación a la normativa lingüística de la AVL a instancia de las instituciones públicas, o bien a solicitud de personas físicas o jurídicas cuando justifiquen adecuadamente que se trata de textos que requieren la aprobación oficial'. A su vez, la Acadèmia propone al Gobierno valenciano 'que se modifique la normativa vigente y se incluyan las funciones de la AVL como único referente normativo del valenciano, por lo que respecta a la adecuación a la normativa lingüística oficial de los libros de texto'.

De esta manera, si un libro es rechazado en el momento de la homologación por parte de la consejería por estimar ésta que incluye términos que supuestamente no son genuinos, se podrá pedir un informe a la AVL sobre los textos, lo que posibilitaría 'sustraer de las manos políticas' la revisión lingüística.

La asociación, presidida por la académica Verònica Cantó, anunciará una serie de propuestas y actuaciones. Los editores de libros de texto recibieron la solidaridad y apoyo del resto de profesionales de la edición, según fuentes de la asociación.

Por otra parte, la Universidad de Valencia estudia las acciones legales pertinentes 'para defender los títulos que imparte y los derechos de sus titulados, así como garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir una enseñanza impartida por profesores con la formación lingüística adecuada', tal y como se recoge en el acuerdo adoptado ayer por su Junta de Gobierno. La finalidad del posible recurso, según manifestó el rector Francisco Tomás, es conseguir que el título de Filología Catalana que expide esta universidad (y también la de Alicante) 'sea reconocido como mérito que exima de la realización de la prueba del valenciano a la hora de acceder o ejercer la docencia pública. El acuerdo de la Junta condena las órdenes del Consell de 8 de mayo que excluye a la Filología Catalana como mérito en el requisito lingüístico.