El Gobierno ultima la cesión de edificios y terrenos de propiedad estatal al Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla reclama decenas de propiedades del Estado en Sevilla por su situación de abandono, por su valor estratégico o incluso por la coincidencia de ambos factores. Después de meses de clamar en el desierto, sobre todo en el caso del patrimonio de Defensa, la Gerencia de Urbanismo se muestra muy satisfecha por el giro que han tomado sus reivindicaciones tras las últimas conversaciones mantenidas entre el delegado municipal, Rafael Carmona, y la directora general de Patrimonio del Estado, Marina Serrano.

En la última semana, una reunión entre ambos cargos públicos ha propiciado un gran avance en la negociación de algunos de estos asuntos.

- Comisarías. El Cuerpo Nacional de Policía dispone de dos instalaciones en el centro de la ciudad a las que el Ayuntamiento quiere dar nuevos destinos: las comisarías de la plaza de La Gavidia y de la calle Betis. Existe un principio de acuerdo entre Urbanismo y Patrimonio del Estado para que ambos edificios pasen a ser propiedad municipal a cambio de suelo en otros puntos de la ciudad para construir nuevas instalaciones policiales. Así, el edificio de La Gavidia sería sustituido por uno nuevo en la Alameda de Hércules, en un solar cedido por Urbanismo. Aún no hay un criterio fijo sobre el uso que se dará a la vieja comisaría del centro, aunque existe la voluntad de destinarlo a equipamientos públicos. El destino del local de la calle Betis, sin embargo, es el derribo. Los planes de la Gerencia pasan por dejar expedito el paseo ribereño de Triana. La comisaría del barrio se ubicaría en el entorno de la plaza de Chapina. Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a facilitar terreno para, dentro del plan de ampliación de instalaciones de la policía, construir nuevas comisarías en distritos que carecen de ella, como Sevilla Este.

- Hacienda. El acuerdo entre Patrimonio y Urbanismo permitirá la construcción en un solar municipal en la zona de Plaza de Armas, ocupado en la actualidad por un aparcamiento en superficie, de la sede en Sevilla de la Administración de Hacienda.

- Cárcel. El edificio de la antigua prisión, ubicado frente al centro comercial Los Arcos y sustituido hace más de diez años por el centro Sevilla II, genera mayores problemas para alcanzar un acuerdo, lo que ha provocado su caída en desuso desde entonces. La pretensión de Urbanismo ahora es construir allí un parque, mientras que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene otro destino para el edificio, enmarcado en su plan de reconversión de centro penitenciarios.

- Defensa. Pese a la buena disposición de Patrimonio del Estado respecto a las propiedades del Ejército en desuso en Sevilla, las aspiraciones de Urbanismo para hacerse cargo de la antigua Fábrica de Artillería, declarada Bien de Interés Cultural, o los cuarteles de Daoiz y Velarde y Alfonso XI chocan con las reticencias de Defensa. Una posible salida queda pendiente de una reunión tripartita que aún no tiene fecha. Hace unos meses, Carmona incluso llegó a plantear en público la posibilidad de una expropiación por la omisión del deber de cuidado del patrimonio público.

- Charco de la Pava. La franja de terreno entre el cauce vivo del río Guadalquivir y el barrio de Triana, que podría acoger el traslado de la Feria de Abril, representa el caso contrario. El Estado quiere entregarla al Ayuntamiento y Urbanismo condiciona esa entrega a que Fomento realice unas obras de acondicionamiento y mejora comprometidas desde hace más de una década.

- Recinto ferial. El campo de la Feria de Abril está destinado en el preavance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana a acoger un parque equipado y equipamientos universitarios. El terreno es propiedad del Estado y Patrimonio, aunque asegura entender las necesidades de la ciudad, es reticente a cederlo sin contraprestación. Urbanismo se plantea la posibilidad de ofrecer al Estado rentabilidades urbanísticas en otros puntos de Sevilla, ya que, entre otras cosas, en esos suelos la Gerencia descarta con rotundidad los usos residenciales o terciarios.