Todos los vertederos deberán presentar antes de dos meses un plan de gestión exigido por la UE

Los nueve vertederos vascos deberán presentar al Gobierno antes de dos meses un detallado plan de gestión con una veintena de medidas, entre las que se incluye el mantenimiento durante los 30 años posteriores al cierre. La elaboración del plan es exigida por una directiva de la UE, que ordena el cumplimiento de las medidas para 2009 y, en caso contrario, el cierre de las instalaciones. La adopción del plan obligará a una inversión de varias decenas de millones de euros durante esta década y alzas en las tasas de la basura, según los cálculos de las autoridades vascas.

La directiva europea sobre el vertido en basureros fue aprobada en 1999 y está traspuesta a España desde el pasado enero. Su principal objetivo es lograr una reducción importante para que los vertederos se 'utilicen únicamente para aquellos residuos para los que actualmente no existe tratamiento o para los que se rechazan' en el reciclaje o la valorización.

En el País Vasco existen nueve vertederos autorizados en funcionamiento. Cinco se encuentran en Vizcaya (Igorre, Amoroto, Jata, Bilbao y Getxo); tres, en Guipúzcoa (San Marcos, Lapatx y Sasieta) y el noveno se ubica en Álava, el de Gardelegi en Vitoria. Todos ellos deben presentar antes del 16 de julio ante la Viceconsejería de Medio Ambiente un detallado plan de gestión con una veintena de medidas. Entre ellas, se encuentra la descripción de los residuos de cada vertedero, la cantidad total que se prevé albergar, la capacidad propuesta, las descripción del emplazamiento (con datos hidrogeológicos y geológicos) y de su construcción, las medidas para prevenir y reducir la contaminación, un plan de explotación, vigilancia y control (con campañas de muestras o controles de estabilidad y de gases), que el cobro por el tratamiento cubra como mínimo los costes (ahora la gestión de la basura es claramente deficitaria) o fianzas económicas.

Análisis económico

La directiva establecía también un análisis económico que incluya todos los gastos del vertedero, pero la trasposición de la norma en España no lo considera obligatorio.

Junto a ello, se incluye la gestión de los basureros al menos durante 30 años después de su cierre. La norma de la UE establece que, tras la presentación de este completo plan de gestión, la autoridad competente (en Euskadi, la Viceconsejería de Medio Ambiente) debe decidir si el vertedero puede o no seguir funcionando. En caso positivo, fijará un periodo transitorio para que se adopten las medidas previstas en el plan y conceder posteriormente la autorización de su funcionamiento. Este proceso deberá estar culminado para el 16 de julio de 2009 y Medio Ambiente deberá 'tomar las medidas necesarias' para que los vertederos que no cumplan los requisitos 'no continúen operando'.

La directiva obliga además a que, cada tres años, el Gobierno vasco remita un informe sobre un cuestionario de 17 preguntas, como las medidas para reducir los riesgos, el sistema de control de los lixiviados (los líquidos que se originan en los basureros) o la admisión de los distintos residuos, entre otras.

'Es una normativa estricta y ya estamos redactando el plan de gestión de nuestros vertederos y los presentaremos para la fecha establecida', asegura la diputada vizcaína de Medio Ambiente, María Esther Solabarrieta. Esta institución es la responsable de tres de los nueve vertederos. Se trata de los de Igorre, en funcionamiento desde 1987 y con vida útil hasta 2011, que da servicio a 123.000 habitantes y ha recogido hasta 540.000 toneladas de basura; Amoroto, inaugurado en 1989 y que debe clausurarse en 2004, con una población beneficiada de 26.000 habitantes y 148.000 toneladas recogidas, y Jata, abierto en 1992 y con vida útil hasta 2008, que da servicio a 188.000 habitantes y alberga ya 560.000 toneladas de desechos. Hasta hace poco disponía también del basurero de Gordexola, que se clausuró en enero pasado debido a su alto coste por metro cúbico de basura: más 60 euros frente a los 18 del resto.

El resto de los vertederos dependen de municipios o mancomunidades.

Solabarrieta dice que en los últimos años se han invertido más de tres millones de euros en adecuar los vertederos forales vizcaínos, 'que cumplen ya muchas medidas de la directiva y podemos decir que están entre los cinco mejores del Estado'. Los basureros de Igorre, Amoroto y Jata disponen de una fianza de 600.000 euros cada uno.

La Diputación vizcaína cree que los planes de gestión para adaptarse a la directiva comunitaria costarán varias decenas de millones de euros y obligarán a nuevas subidas en los costes de la basura. En Vizcaya, en 1995 los ayuntamientos pagaban menos de la mitad del coste de gestión de los residuos (que incluye la recogida, transporte y tratamiento) y en 2001 se subió al 78%. La Diputación cobra ahora por el tratamiento 45,6 euros por tonelada frente a los nueve de 1995. Con las nuevas medidas, calcula que se superarán los 54 euros.