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Múgica acusa al alcalde de Las Palmas de vulnerar la ley en el traslado de inmigrantes

El Defensor del Pueblo considera inconstitucional el envío de 200 africanos a Madrid

El Defensor del Pueblo considera que los traslados de 200 inmigrantes en avión desde Canarias a Madrid realizados por el alcalde de Las Palmas y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, son arbitrarios, vulneran 'principios constitucionales y legales de carácter elemental', obvian el interés general y cuestionan 'el necesario respeto a la dignidad humana'. Estas acusaciones aparecen recogidas en un durísimo informe de ocho folios remitido al alcalde por Enrique Múgica: 'La decisión adoptada por vuestra ilustrísima afecta a personas que no pueden ni deben ser cosificadas y alentadas a trasladarse en busca de una solución que no va a llegar'. Soria rehusó comentar el informe.

Entre octubre y noviembre del año pasado, Soria pagó con fondos de la Concejalía de Asuntos Sociales el traslado a Madrid de 200 africanos que dormían en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas. Su decisión abrió una fuerte polémica en todo el Estado. 'No son españoles y quieren volver a su país', se justificó entonces el alcalde.

El documento de Múgica llega en un momento oportuno. Canarias figura en todas las encuestas como la comunidad autónoma cuyos habitantes ven la inmigración de la forma más negativa. Además, desde otras comunidades llueven las peticiones al Gobierno para que informe claramente del acuerdo que ha suscrito con el archipiélago para trasladar inmigrantes a la Península sin el conocimiento previo de las regiones receptoras.

El Defensor del Pueblo señala en su informe, remitido a Soria el 9 de abril, que 'las investigaciones realizadas, tanto ante ese Ayuntamiento como ante el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno en Canarias, han puesto de manifiesto que la decisión del traslado de los citados inmigrantes fue adoptada de forma unilateral por ese Consistorio'.

Sin justificación

Múgica rechaza la justificación que le remitió Soria, en el sentido de que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encontraba desbordado y un gran número de los africanos que llegaban a la ciudad debían pernoctar y sobrevivir en condiciones indignas: 'Aun cuando el CETI se encuentre indisponible por estar completo y, en principio, la situación de los inmigrantes deambulando por las calles fuera insostenible, debe tenerse en cuenta que la decisión adoptada por esa Alcaldía es cuestionable por distintas razones', señala el Defensor.

'La primera de ellas es la transmisión directa de la responsabilidad a otra u otras comunidades autónomas, sin que previamente se haya contactado o prevenido a los responsables de dichas comunidades ni tampoco a las autoridades de otras administraciones radicadas en aquellas'.

'La segunda razón, que afecta a los inmigrantes trasladados, es que el mismo hecho de no efectuar previsión alguna a su llegada a Madrid supone el abandono de un número importante de personas que sin medio alguno de vida y sin saber qué hacer, en principio se encontrarían en la misma situación que la que ya tenían en Las Palmas'.

Múgica acusa a Soria de haber obviado 'determinados principios constitucionales y legales de carácter elemental'. En este sentido, señala 'el principio de coordinación, que ha de tener una relevancia fundamental para estructurar la actuación del conjunto de las Administraciones Públicas, tal y como señala la propia Constitución en su artículo 103.1'.

A lo largo de cuatro folios, el Defensor desgrana las leyes vulneradas por el alcalde de Las Palmas, entre ellas la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 30/1992. También menciona varias sentencias del Tribunal Constitucional. Y concluye: 'Resulta evidente que en la decisión adoptada por esa Alcaldía se han obviado todos los principios citados, no se han ponderado la totalidad de los intereses públicos implicados y, en definitiva, se ha hecho recaer en otras administraciones un problema que, aun cuando excediera de las posibilidades y capacidades de ese Ayuntamiento, no debería haberse trasladado sin más por la vía de los hechos, sin sometimiento alguno a las normas que presiden la actuación administrativa'.

Por último, señala que 'la forma de resolver el problema que se planteaba en esa ciudad sin intentar siquiera un mínimo proceso de concertación permite afirmar que se ha obviado el interés general, adoptando una decisión de forma arbitraria mediante la traslación sin más del problema. A todo lo expuesto anteriormente hay que añadir que la actuación llevada a cabo por esa Alcaldía es cuestionable no sólo desde el punto de vista procedimental, sino también desde otro, que se erige como esencial en el presente caso, como es el del necesario respeto a la dignidad humana'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de mayo de 2002