Ningún autobús circulará el lunes en Barcelona entre las 10.00 y las 17.00

El lunes próximo no circulará por Barcelona ni un solo autobús entre las 10.00 y las 17.00 debido al paro convocado por los trabajadores, que afecta exclusivamente a esa franja horaria. El resto del día el servicio será normal. El Departamento de Trabajo de la Generalitat ha decidido no decretar servicios mínimos durante las siete horas de paro. La cuestión fue objeto de polémica en el plenario de ayer del Ayuntamiento.

La discusión se produjo, básicamente, entre CiU y Xavier Casas, primer teniente de alcalde, a propósito de las preguntas que el grupo nacionalista formuló al equipo de gobierno sobre el estado de las negociaciones de la empresa Transportes de Barcelona (TMB), que preside Casas. Éste contestó que se ha ofrecido la posibilidad de arbitraje y que los trabajadores no la han aceptado.

Casas aprovechó para criticar que si el próximo lunes la ciudad no tendrá ni un solo autobús durante siete horas es porque así lo ha decidido el Departamento de Trabajo al fijar los servicios mínimos. 'Ahora sólo falta que culpen a la Generalitat de las consecuencias de no saber negociar con los trabajadores', contestó con visible enfado Joan Puigdollers, jefe de filas de CiU, cuya intervención fue saludada con aplausos en la tribuna del público del salón de la Reina Regente, desde la que un grupo de trabajadores de autobuses de Barcelona siguió el pleno. En cuanto al fondo del litigio, Casas se reafirmó en que una subida salarial como la que pretenden los trabajadores (del 20%) es 'innegociable'.

La concejal de Seguridad, Carme San Miguel, dijo que la Guardia Urbana se concentrará en procurar 'la mayor normalidad' posible durante las jornadas de paro indefinido convocadas, y de forma especial el lunes, cuando se prevén más problemas, ya que a partir del martes sí habrá servicios mínimos del 50% en las horas punta y del 25% durante el resto del día.

En el plenario también se discutió la oportunidad de que la ciudad introduzca una tasa o impuesto para los turistas. La discusión se produjo a raíz de una propuesta del PP en la que instaba a que el Ayuntamiento acordara 'rechazar la introducción de cualquier tipo de tasa o impuesto que grave las pernoctaciones de los turistas en Barcelona'. 'Es algo que da mala imagen a la ciudad', argumentó Santiago Fisas, presidente del grupo municipal del PP, formación que ya recurrió cuando el Gobierno balear aprobó esa tasa.

La propuesta fue rechazada con los votos del equipo de gobierno: PSC, ERC e ICV; CiU se abstuvo. Pero en el debate de la proposición quedó claro que los socios de gobierno consideran que la ciudad debe resarcirse del uso intensivo que los turistas hacen de ella no a través de impuestos indirectos, cuya recaudación corresponde a la Administración del Estado, sino a través de una fiscalidad especial para los municipios turísticos. Esa fue la tesis de Ernest Maragall, que fue cauto y no utilizó las palabras impuesto o tasa en ningún momento, posiblemente para evitar la reacción del gremio de hoteleros. Tampoco lo hizo el alcalde, Joan Clos, quien, sin embargo, recordó que la cuestión se está negociando entre la Federación de Municipios y el Ministerio de Hacienda.

Por el contrario, Jordi Portabella, de Esquerra Republicana y tercer teniente de alcalde, fue muy claro: 'Francia y Estados Unidos tienen una tasa, y las principales ciudades turísticas tienen algún tipo de fiscalidad para el turismo. En 2001 hubo en Barcelona ocho millones de pernoctaciones y eso supone un uso intensivo de la ciudad y, por tanto, un desgaste que repercute básicamente sobre los residentes de Barcelona, que son quienes pagan los impuestos'.

Imma Mayol, cuarta teniente de alcalde del consistorio, se mostró partidaria de una tributación ambiental y no específicamente turística.