La Audiencia Nacional admite una denuncia de la UPA contra las petroleras por amañar los precios

La Audiencia Nacional admitió ayer la denuncia presentada por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en abril pasado contra las compañías petroleras por prácticas irregulares en la fijación de precios e impedir la libre competencia en el mercado de combustibles mediante engaño y uso de información privilegiada.

El juez Guillermo Ruiz Polanco admitió la denuncia con un informe favorable del fiscal porque, si se demuestra que es delito, éste habrá sido contra varios perjudicados, habrá afectado a la economía nacional y porque, de haberse cometido, se produjo en diversas audiencias (provincias). Ahora sólo falta decidir quién llevará la querella, si la Fiscalía de la Audiencia o Anticorrupción.

La UPA justamente presentó su denuncia tras la decisión del fiscal general del Estado de paralizar el proceso abierto durante los últimos dos años por la Fiscalía Anticorrupción para analizar el precio de los carburantes. El fiscal del Estado, Jesús Cardenal, reiteró el pasado mes de abril al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, su prohibición de presentar una querella contra Repsol y Cepsa. En su escrito, el fiscal del Estado insistió en que los hechos descritos por Anticorrupción 'no son constitutivos de delito'. Cardenal justificó su decisión en que el Tribunal de Defensa de la Competencia no halló indicios de delito en las resoluciones que impusieron sendas multas de tres millones de euros a Repsol y 1,2 millones a Cepsa por fijar precios.

UPA declaró que con su denuncia pretende que no se pierda el trabajo ya realizado por la Fiscalía Anticorrupción, según explicó su secretario general, Fernando Moraleda, y reclama que la Audiencia Nacional requiera las diligencias de la fiscalía, los expedientes de Competencia a Repsol y Cepsa.

La denuncia sostiene que las empresas petroleras, a través del engaño permanente y el uso de información privilegiada que sólo ellas podían disponer, han producido graves perjuicios ilegítimos a los consumidores en general y a los pequeños agricultores y ganaderos en particular. Los argumentos se centran en la evolución desigual entre el precio de los carburantes y los del petróleo entre febrero de 2000 y marzo de 2002.