Aznar responsabiliza de los altos precios de la vivienda a comunidades y ayuntamientos

El boom de la vivienda, cuyos precios se han disparado un 55% en los últimos cinco años, coincide con una fase de bonanza económica e hipotecas baratas, que han animado a los españoles a pagar, en ocasiones, cifras desorbitadas por un piso. Pero el fondo del problema del encarecimiento de la vivienda es 'la escasez de suelo urbanizable', advirtió ayer el presidente del Gobierno, José María Aznar, derivada de la política desarrollada por ayuntamientos y comunidades autónomas. El Ejecutivo tiene la intención de resucitar el pacto sobre el suelo que prometía en su programa electoral.

No se trata ni del sector de la construcción, que goza de grandes dosis de competencia, ni de los costes de edificación, que han experimentado alzas moderadas. Para el Gobierno, uno de los grandes culpables del alza de los precios, junto al 'fuerte tirón' de la demanda animada por las 'buenas expectativas de financiación', es el encarecimiento del suelo, que ya absorbe un tercio del precio final de un piso. El presidente advirtió de que uno de los principales problemas se deriva de la 'excesiva rigidez de la normativa urbanística', que debería cambiarse.

'Hago un llamamiento a la cooperación y la coordinación de las administraciones con responsabilidad en política de vivienda', concluyó en la clausura de un acto organizado en Madrid por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) para presentar el Plan de Vivienda 2002-2005. Aznar apeló a las comunidades y a los ayuntamientos a colaborar con este plan modificando la normativa y atajando el encarecimiento de la vivienda.

La compra de terrenos supone el 37% del coste total de construcción de una vivienda, frente al 26% que representaba en 1996, según la patronal de los promotores. Esta asociación coincide en señalar al suelo como uno de los principales responsables del alza de precios. 'El espectacular crecimiento de la demanda', señaló en el mismo acto el presidente de esta asociación, Guillermo Chicote, 'ha casi agotado la disponibilidad de suelo apto para edificar'.

Cuando se trata de viviendas de protección social -las llamadas VPO, destinadas a las familias que no pueden permitirse el lujo de acudir al mercado libre para comprar una casa-, el escollo del suelo puede ser insalvable. Dada su carestía y el beneficio que reporta, el suelo que ponen los ayuntamientos a disposición de promotores y constructores suele estar dirigido al mercado libre, y tan sólo una mínima parte se destina a vivienda social. Por ejemplo, en Madrid, está previsto que se construyan más de 150.000 viviendas en los próximos años, pero el mercado de las VPO, que se supone que los planes gubernamentales intentan fomentar, está prácticamente paralizado. La situación no es exclusiva de la capital de España. En 1996, cuatro de cada diez viviendas construidas eran VPO en todo el país, mientras que ahora apenas suponen un 5% del total.

El principal motivo de la escasez se debe a que, a falta de incentivos oficiales y con una demanda poderosa, los constructores prefieren dedicarse al mercado libre, mucho más rentable que el de la VPO, que además están sujetas a un precio máximo. Los ayuntamientos utilizan la subasta y la recalificación de terrenos como un mecanismo de financiación. En este sentido, el presidente de la APCE criticó que 'los poderes públicos enajenen suelo en duras subastas al mejor postor' y abogó por la coordinación: 'Estamos cerca del limite' de acceso a la vivienda de una 'buena parte de la población'.

Pacto entre administraciones

Durante el mismo acto, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, anunció su intención de promover un pacto para hacer frente a 'los problemas de rigidez' en el mercado del suelo entre las comunidades 'que quieran contar con una política urbanística al servicio de las necesidades sociales y no al servicio de la especulación'. El pacto del suelo es una antigua promesa del PP, que lo incluyó en su programa electoral, que ahora se pretende reavivar. El ministro recordó que el Gobierno no tiene competencias directas en la construcción de VPO. 'No puede promover directamente la construcción ni la rehabilitación, ni la urbanización del suelo', añadió.