Usos y abusos de la vía deontológica para sancionar médicos

Los colegios de médicos son instituciones que provienen de un modelo decimonónico de práctica liberal de la medicina, en el cual recibieron de los poderes públicos una importante responsabilidad delegada para la regulación de su propio colectivo profesional, que incluía la capacidad de sanción a través de la vía deontológica. El siglo XX ha supuesto cambios radicales en la medicina, y también la aparición de sistemas sanitarios públicos, en los cuales el Estado actúa como propietario y gestor de centros y servicios, siendo el principal contratador de médicos. La moderna medicina exige redes de servicios, especialización y participación de distintas profesiones. La excelencia en la práctica clínica hoy implica cooperación y orientación a los procesos y pacientes.

'Están más atentos a la defensa corporativa que a promover el avance de la medicina'

Este dinamismo de la medicina y de los sistemas sanitarios no ha sido seguido por las organizaciones colegiales, especialmente en España, aunque ha habido y está habiendo meritorios intentos por mover las obsoletas estructuras hacia la modernidad. Sin embargo, el cuadro que presentan muchos colegios parece ser desalentador: estos colegios se han enquistado en estructuras gremiales miopes, más atentas a la defensa corporativa que a las responsabilidades de promover el avance de la medicina y de los sistemas sanitarios.

Esto permite que de pronto surjan problemas de difícil explicación a la sociedad, como el reciente caso ocurrido en el Colegio de Médicos de Madrid, en el cual se plantea sancionar con hasta un año de suspensión de colegiación a dos médicos por decisiones de carácter organizativo (y no clínico). Este caso puede ser ilustrativo de un uso inapropiado y desproporcionado de dicha facultad sancionadora.

Los hechos son en esencia sencillos: en un centro de salud mental del Área Sanitaria 3 de Madrid existe un equipo especializado en salud mental infanto-juvenil con un médico-psiquiatra y un psicólogo clínico. A la hora de organizar las vacaciones reglamentarias, por parte de los responsables del servicio se prefiere evitar que ambos se vayan de vacaciones a la vez, para que al menos alguien de la unidad pueda dar continuidad al contacto con los pacientes atendidos (evitando el cierre completo de la unidad). Hay que señalar que durante las vacaciones el centro de salud garantiza la existencia de psiquiatras en todo momento en el propio centro, por lo cual, para aquellas funciones que un psicólogo no esté facultado (por ejemplo, recetas o valoración clínico-médica) siempre existen facultativos psiquiatras que pueden actuar.

Esta decisión de garantizar que no se vayan a la vez los dos miembros de la unidad tiene carácter organizativo y se toma en beneficio de los pacientes. Sin embargo, puede ser que suponga una restricción o molestia al médico-psiquiatra, que pasa a tener que acoplar sus turnos a los de su compañero psicólogo clínico. Y con seguridad le asisten derechos para protestar y recurrir dicha decisión administrativa (por más que la racionalidad de dicha protesta pueda parecer a priori muy endeble). Sin embargo, y esto es lo insólito, se busca en el Colegio de Médicos de Madrid el amparo ante dicha decisión administrativa, y éste activa la vía deontológica para abrir expediente a los dos responsables que avalaron este sistema de turnos de vacaciones: el psiquiatra responsable del área y el gerente de atención especializada del área (dado que es médico, porque si no lo fuera no podría actuarse sobre él en vía deontológica).

Es difícil saber por qué el Colegio de Madrid decide actuar con este celo en un tema tan abiertamente ajeno a los problemas de mala praxis, celo que no parece ser habitual en tantos casos de profesionales cuya práctica clínica (no es necesario recordar los temas que recientemente han salido en los medios sobre la sanidad privada en Madrid) se aleja del cientifismo y se aproxima peligrosamente al chamanismo. Quizás este particular interés venga de un conflicto de límites profesionales que lleva a un grupo de psiquiatras a intentar limitar el espacio de desarrollo profesional de los psicólogos clínicos.

Por supuesto que toda pugna por límites profesionales parte de una retórica de garantías al paciente, pero en la práctica sabemos que detrás de este tipo de proclamas también pueden existir importantes elementos de defensa gremial, que fundamentalmente parten de una incomprensión de la interdependencia y las ganancias que para el enfermo supone la cooperación y colaboración entre profesionales.

Sin entrar en esta falsa polémica psiquiatras-psicólogos, lo verdaderamente sorprendente es que el Colegio de Madrid actúe en resonancia, y utilice la vía deontológica para castigar en las carnes de dos colegiados el presunto pecado que corresponde a las autoridades administrativas. El Estado de derecho ofrece vías para que se impugnen o recurran estas decisiones ante los órganos judiciales correspondientes (laboral y contencioso-administrativo). Pero parece que es más fácil y cómodo usar una vía en la que se puede ser a la vez juez y parte.

Pero al usar esta vía fácil es inevitable cometer una clara extralimitación de las funciones para las cuales se estableció la vía deontológica. Si la razón de la posible sanción es evitar el 'intrusismo' profesional, se está de hecho haciendo un 'intrusismo' en facultades administrativas de organización de servicios que corresponden a los poderes públicos.

Además, se hace un daño a las personas absolutamente injusto y desproporcionado; se ataca al débil (los responsables médicos a título individual) para no enfrentarse a la organización (Consejería de Sanidad como entidad responsable de las decisiones), importando en este caso poco que sean también colegiados que merecen amparo y consideración de su propio colegio.Además, cuando preocupa mucho más el hipotético 'intrusismo' en funciones médicas que la necesidad de continuidad asistencial en el programa infanto-juvenil, es difícil no acabar pensando que el bienestar del paciente es un valor secundario frente a la defensa gremial.

Y si tanto preocupa el posible riesgo de la salud psíquica de los niños durante las vacaciones de un facultativo, posiblemente el colegio de médicos debería poder exhibir un perfil corporativo mínimamente reivindicativo ante las autoridades autonómicas para el desarrollo de la red de salud mental y sus servicios psiquiátricos, habida cuenta los problemas reales de sobrecarga y escasos medios que se acumulan desde hace años en estos servicios, y que entre otras cosas obliga a gestionar de la mejor forma posible las sustituciones en un contexto de restricciones de personal notables; sin embargo, solamente parece haber silencios clamorosos a este respecto.

Y por último, pero no menos importante, se desacredita a la propia organización colegial que usa estas vías, modos y maneras para administrar una competencia sancionadora que le ha sido delegada por el Estado.

Cuando los colegios de médicos se quejan amargamente de las iniciativas autonómicas para liberar de la obligatoriedad de colegiación a aquellos médicos que trabajan solamente como empleados públicos, deberían reflexionar no sólo de las responsabilidades ajenas, sino también de las propias: ser organizaciones de derecho público no sólo da derechos, sino que también da importantes obligaciones. Con esta práctica arbitraria e insólita del Colegio de Médicos de Madrid se ayuda bien poco a defender dichos argumentos de obligatoriedad. También se obstaculizan los esfuerzos renovadores de otros colegios que están intentando actualizar sus organizaciones y darles una mayor proyección social.

Y, finalmente, se presta un flaco favor a todos aquellos que creen que los colegios de médicos (con obligatoriedad de colegiación o sin ella), pueden y deben jugar un importante papel en la modernización científica, la profundización en la dimensión ética, la mejora de la imagen profesional y el verdadero cumplimiento de los compromisos del juramento hipocrático.

José Ramón Repullo Labrador es presidente de la Asociación Madrileña de Administración Sanitaria. Mariano Hernández Monsalve es presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental.