PP y PSOE admiten que ignoran las consecuencias de ilegalizar a Batasuna

Ninguna de las fuerzas políticas cree que la Ley de Partidos sea la solución para acabar con ETA. Incluso los partidos que la han impulsado, el PP y el PSOE, desconocen las consecuencias que acarreará la ilegalización de Batasuna que propicia la ley. 'Es una obligación moral', dice José Antonio Bermúdez de Castro, del PP. 'Es un instrumento más en la lucha contra ETA', señala Juan Fernando López Aguilar, del PSOE. PNV e IU la ven negativa y CiU presenta muchas dudas, aunque finalmente la apoyará.

El debate celebrado ayer por el Club Diálogos por la Democracia sobre la Ley de Partidos Políticos, la víspera del pleno del Congreso de los Diputados que debatirá siete enmiendas a la totalidad, fue el primero en el que se discutió sobre la eficacia y las consecuencias de esta ley y de la consiguiente ilegalización de Batasuna. Hasta ahora, desde que el Gobierno presentó el anteproyecto de la ley el pasado mes de marzo, toda la polémica se había centrado en la constitucionalidad o no de la norma que hoy inicia su andadura en el Parlamento.

El senador Joseba Aurrekoetxea, que actuó en representación del PNV, señaló que la ley no servirá para acabar con ETA y puso en duda que la pretensión del Ejecutivo central sea exclusivamente atacar al terrorismo. 'Puede que sea que al que se le quiera cuestionar sea al nacionalismo', dijo, tras denunciar la marginación sufrida por el PNV desde el Gobierno en la negociación del proyecto de ley y solicitar al Ejecutivo el diálogo sobre dicha norma. El PNV pedirá hoy en el Congreso la devolución del proyecto de ley.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también anunció la enmienda a la totalidad de la ley porque es 'negativa' en la lucha contra la organización terrorista. Argumentó su rechazo a la ilegalización de Batasuna porque 'divide a las fuerzas democráticas, divide a las instituciones, divide a la sociedad vasca y aleja al País Vasco de España'.

Utilidad

El portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, Xavier Trias, expresó sus dudas sobre la utilidad de la ley para acabar con ETA. 'Son muchos años en que se han intentado muchas cosas sin encontrar la solución, y desde la pasión, las cosas no van bien', señaló.

Tampoco López Aguilar y Bermúdez de Castro se atrevieron a vaticinar las consecuencias de la ilegalización de Batasuna. Bermúdez de Castro dijo que no hay que prejuzgar la eficacia de la ley ni sus consecuencias. 'Es una obligación moral' del Estado de derecho porque 'lo que hay que responder es si debe ser legal en democracia un partido que ataca el corazón mismo de la democracia y pretende acabar con el pluralismo político'. 'La respuesta es que no debe serlo', concluyó. El diputado del PP rechazó las acusaciones de los nacionalistas y de IU, en el sentido de que la ley ni es oportuna ni necesaria. 'Cada vez que nos dotamos de un nuevo instrumento en la lucha contra ETA se nos dice que es un error. No se puede ser timorato en esa lucha'.

López Aguilar calificó la ley de 'un instrumento más en la lucha contra ETA' que le 'puede hacer la vida más dífícil' al perder sus instrumentos de financiación y la presencia pública. Frente a los reproches de que la ley no acabará con el terrorismo, el representante socialista replicó que 'tampoco se acabará con el racismo por el hecho de que se ilegalizara un partido que amparase la eliminación por el origen racial, pero nadie dudaría de ilegalizar a ese partido'.