El Gobierno y el PSOE decidirán las acciones contra Batasuna en el Pacto Antiterrorista

El Gobierno y el PSOE decidirán conjuntamente las acciones legales contra Batasuna en el marco del Pacto Antiterrorista. El secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el diputado socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el mandato de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero, han acordado la administración conjunta de la Ley de Partidos, que el jueves inició su tramitación parlamentaria para concluirla, previsiblemente, el 24 de junio. Gobierno y PSOE decidirán el momento propicio para iniciar el procedimiento previsto en esta ley para ilegalizar a Batasuna.

José María Aznar no procederá a instar la ilegalización de Batasuna al día siguiente de promulgarse la Ley de Partidos, en contra de lo que llegó a advertir en plena polémica con el PSOE antes del acuerdo logrado sobre el contenido de esta reforma legal con el primer partido de la oposición, el pasado 14 de mayo. Las conversaciones mantenidas entre Zarzalejos y Pérez Rubalcaba, durante y después de la negociación del texto de la ley, han concluido en que no basta con haber acordado el contenido de la ley, sino que el pacto hay que extenderlo a la administración de la propia legislación, así como a todos los partidos que la apoyen.

Será en el marco del Pacto Antiterrorista, que en su punto 9 señala que 'el acuerdo implica la actuación concertada en las reformas legislativas' y que en su punto 1 dice que 'al Gobierno corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos democráticos'. Tanto el Gobierno como el PSOE avalan esta actuación conjunta al coincidir en que esta ley 'es la iniciativa de más calado del Pacto Antiterrorista' y que, además, 'abre en el País Vasco un escenario totalmente nuevo e imprevisible, por el que la política vasca será otra cosa a la conocida hasta hoy'.

El Gobierno, no obstante, no oculta su interés en que, una vez promulgada la ley, se proceda a la ilegalización de Batasuna cuanto antes. La razón de fondo es que ha fijado como prioridad que Batasuna -si continúa, como es previsible, en su colaboración con ETA tras la promulgación de la ley- no pueda presentarse a las elecciones municipales de 2003 para que no disponga del poder que le otorgaría su representación municipal ni de las subvenciones consiguientes.

Otros cuatro años

El Ejecutivo insiste en que si Batasuna adquiere representación municipal, sus alcaldes y concejales lo seguirián siendo por otros cuatro años, aunque el partido fuera ilegalizado, ya que la ley electoral otorga un carácter personalizado e inviolable a los cargos logrados en las urnas.

Los socialistas insisten en que la iniciación del procedimiento previsto en la ley esté suficientemente legitimada. Desechado el carácter retroactivo de la ley, pretenden que la iniciación de las acciones legales tengan argumentos de peso ante la opinión pública. El Gobierno estima que no será difícil encontrarlos.

Ni el Gobierno ni el PSOE han prefijado aún cuál será el escenario de actuación, pero, según señalan fuentes cercanas al Pacto Antiterrorista, podría ser desde un atentado de ETA que Batasuna justificase o la sistemática negativa de los representantes municipales de Batasuna a condenar la actuación de la banda terrorista, en las mociones que está presentando Eudel (Asociación de Municipios Vascos) en los ayuntamientos de Euskadi. También hay que anotar las actuaciones legales del juez Baltasar Garzón, que en estos momentos indaga en los juzgados vascos la relación entre Batasuna y la kale borroka (lucha callejera), y la reciente iniciativa de la Fiscalía del Estado de impulsar la posible imputación del parlamentario de Euskal Herritarrok (EH) José Antonio Urrutikoetxe, Josu Ternera, por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en diciembre de 1987, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niñas. 'Cuanto más argumentación tenga la propuesta contra Batasuna, más legitimidad tendrá', señalan desde el PSOE.

En cuanto a la institución que promovería la ilegalización, el Gobierno insiste en que el Parlamento debe comprometerse en los términos acordados con el PSOE el 14 de mayo; esto es, instando al Ejecutivo a que la haga efectiva. Los socialistas, aunque siguen considerando preferible que sea el propio ministerio fiscal quien emprenda la iniciativa de ilegalizar a Batasuna -como también señala la ley-, están dispuestos a 'estudiar' la fórmula propuesta por el Gobierno.

Otra de las propuestas defendidas, sobre todo desde el Partido Socialista de Euskadi (PSE), consistiría en postergar la ilegalización a la celebración de las elecciones municipales, en previsión de que Batasuna sufra un retroceso similar al de las autonómicas del año pasado, cuando perdió la mitad de los votos y pasó de 14 a 7 escaños. Pero esta hipótesis se descarta en La Moncloa, que no desea darle a Batasuna la oportunidad de que disponga de presencia municipal otros cuatro años más.