Aznar endurece la UE

En la estela del crecimiento electoral de posiciones críticas con la inmigración en el conjunto de Europa, Aznar se ha apuntado, junto con Blair, a un endurecimiento de las medidas para combatir la llegada de ilegales, ya propuestas con anterioridad por el comisario europeo Antònio Vitorino. La nueva apuesta del presidente del Gobierno español contempla incluso recortar la ayuda exterior a los países de origen que no colaboren. Han de colaborar, pero castigarles puede resultar contraproducente. La UE debería hacer mucho más por el desarrollo de estos países, pues, dadas las diferencias de riqueza, los del Sur o los del Este seguirán yendo al Norte o al Oeste. Habría que reforzar también las medidas contra los que, en la propia Unión Europea, contratan a parte de esos inmigrantes ilegales en condiciones indignas.

La Unión ha de desarrollar con urgencia -y no para dentro de cuatro o cinco años, como está previsto- una política común de inmigración. La propuesta de la Comisión Europea de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE es un paso en la buena dirección. Aznar y Blair quieren que se discuta este endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal en el Consejo Europeo de Sevilla, los días 21 y 22 de junio, aunque pueden chocar con la resistencia de algunos Gobiernos nórdicos, que temen un debilitamiento de la defensa de los derechos humanos, o de Francia y Alemania, que creen, absurdamente, que en este terreno los Estados deben preservar una obsoleta y ficticia soberanía absoluta.

Pero lo que más se echa en falta es una mayor labor pedagógica, no sólo hacia los inmigrantes, sino en las sociedades que los acogen. No basta, como hizo Aznar en la Universidad de Oxford, con insistir en que la inmigración legal es un elemento necesario y positivo en nuestras sociedades; hay que lanzar programas educativos en este campo. La UE debe generar respuestas a las cuestiones que se plantean los ciudadanos, y la inmigración ilegal es una prioridad, antes que una abstrusa reforma institucional. Pero sin ella, una Unión ampliada de 15 a 25 o más Estados dejará de funcionar. Muchos consideran caduco el sistema de presidencias rotativas semestrales del Consejo. Aznar se sumó ayer a esa opinión, proponiendo que el cargo sea electivo y el candidato un ex jefe de Estado o de Gobierno. La idea de un presidente permanente, por cinco años o menos, había sido lanzada por Chirac, Blair y otros varios. Tal figura, sin embargo, trastocaría todos los equilibrios institucionales. Insistir en que ese eventual presidente sea necesariamente un ex supone persistir en el error cometido con la Comisión Europea. ¿Acaso no ha sido el nunca electo y tantas veces añorado Jacques Delors el mejor presidente que ha tenido esta institución en las últimas décadas?