La alcaldesa de Premià pide ayuda a la Administración ante los brotes de racismo

'La solución al problema de la inmigración debe buscarse más allà del ámbito municipal'. Esta es la petición que realiza el consistorio de Premià de Mar (Maresme), gobernado por un pacto entre el PSC, ERC e ICV, y paradigma de la difícil situación a que los municipios con tradición de acogida deben enfrentarse ante la llegada de más inmigrantes. La alcaldesa, la socialista Maria Jesús Fanego, reclamó a los gobiernos central y autónomo que se impliquen en hallar soluciones ante los constantes brotes de racismo.

El enfrentamiento que se vive en este municipio costero de apenas dos kilómetros cuadrados con más de 27.000 habitantes -el 5% de los cuales es de origen inmigrante- quedó patente el pasado sábado cuando cerca de 1.500 personas se manifestaron para protestar por la intención de la comunidad musulmana de edificar una mezquita en el centro de Premià. Al inicio de la protesta se produjeron algunos altercados entre los concentrados y unos jóvenes de un grupo denominado Acción Antifascista.

Ante el empeoramiento de la convivencia entre los vecinos y el riesgo de una fractura social en el municipio, la alcaldesa reclamó a los ejecutivos del Partido Popular y de Convergència i Unió que se impliquen en el problema y tomen cartas en el asunto ante la falta de medios del Ayuntamiento. 'Hacen falta medidas urgentes para evitar la fractura social', manifestó ayer Fanego, quien agregó que los consistorios se sienten abandonados por la Administración. 'Estamos solos', se lamentó, 'no tenemos recursos ni autoridad para controlar la inmigración'.

El Ayuntamiento de Premià de Mar ha convocado una reunión para hoy con el objetivo de buscar una salida pactada entre todos los partidos políticos. La alcaldesa coincidió con el colectivo musulmán de la población en culpar al líder ultraderechista Josep Anglada de encabezar el movimiento opositor a la mezquita con fines electoralistas y poder concurrir a los próximos comicios locales.

El teniente de alcalde, Tomàs Esteban, culpó al Ejecutivo central de desatenderse del problema -'nos traspasa la responsabilidad a los ayuntamientos'- e insistió en que la Ley de Extranjería es el origen de gran cantidad de estos problemas por la aparición de la figura de los sin papeles.

La portavoz del grupo del PP de Premià, Alicia Ballester, responsabilizó al equipo de gobierno municipal del clima de crispación que vive Premià, a su entender por falta de diálogo con los vecinos. Ballester dijo que comprende a quienes se oponen a la mezquita y abogó por su traslado fuera del casco urbano.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, salió ayer en defensa de la política de inmigración de su Gobierno aunque reclamó mayores competencias para poder hacerla más específica y diferenciada. Para ejemplificarlo, aseguró que la inmigración que recibe Madrid, proveniente de Suramérica, es de más fácil integración y tiene muy poco que ver con la de Cataluña, formada por magrebíes, subsaharianos y pakistaníes. 'Un ecuatoriano trasplantado en Madrid se encuentra como en casa (...), ni se nota', informa Gerard Bagué.

El presidente catalán agregó que la visión unitaria de las políticas de España ha impedido ya en el pasado que Cataluña 'atacara a tiempo y a fondo problemas vitales' como el de la baja natalidad. 'En España no tenían ese problema', recordó Pujol, quien advirtió de que en el tema de la inmigración el Gobierno catalán y el del Estado siguen 'caminos diferentes'.

Más contundente se expresó el conseller en cap, Artur Mas, al afirmar que Cataluña asume una 'parte, incluso desproporcionada' de los inmigrantes que residen en España. 'En Cataluña', dijo, 'hay uno de cada tres ciudadanos marroquíes. Nosotros tenemos una sexta parte de la población española de Cataluña y, en cambio, tenemos un tercio de los inmigrantes marroquíes', declaró a la emisora Onda Cero.

En Valladolid, donde inauguró la exposición Cataluña Hoy, Mas -cuyo partido, CiU, votó a favor de la Ley de Extranjería- defendió una política de inmigración basada en la aceptación de derechos y obligaciones por parte de quienes acudan a otros territorios en busca de progreso y una mayor calidad de vida. Y se comprometió a que el Gobierno de la Generalitat adoptará una 'actitud de firmeza' para que los inmigrantes que lleguen a Cataluña entiendan estas premisas.

Propuestas y no 'bobadas'

Ayer, ningún partido político se abstuvo de manifestarse sobre los enfrentamientos registrados en Premià de Mar el pasado sábado y los brotes racistas. Singular controversia provocaron las palabras de Pasqual Maragall, quien el domingo había acusado a la derecha de sacar provecho electoral del fenómeno migratorio. Para Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores, el líder socialista tan sólo dice 'bobadas y tonterías' y le reclamó que opte por hacer 'propuestas' sobre inmigración.

A la polémica se sumó también el presidente el PP catalán, Alberto Fernández Díaz, al reclamar a Maragall que no utilice la inmigración como arma arrojadiza contra su partido. Le recordó que en Francia el incremento del voto de la extrema derecha se ha dado en feudos tradicionalmente de izquierdas.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, se esforzó en tranquilizar a la ciudadanía y lanzó un mensaje de esperanza. Para Clos el recuerdo de la dictadura de Franco, junto con la fortaleza de la sociedad civil, institucional y política catalanas impedirán el surgimiento y auge de formaciones xenófobas en Cataluña.

Desde Esquerra Republicana, Josep Huguet denunció la 'inoperancia' de los gobiernos central y catalán en inmigración. 'No vale hacer discursos sobre lo que han de hacer los inmigrantes y lanzar acusaciones a los ayuntamientos, cuando CiU no está haciendo nada'.