'Niños de la calle'

Después de varios años de tira y afloja, el Parlamento catalán ha intentado llenar el vacío legal que dejaba sin regulación alguna a los llamados niños de la calle, que vagan indocumentados por Barcelona y sus alrededores. La Cámara, con el voto favorable de todos los partidos, ha acordado modificar la ley autonómica de Protección de los Menores Desamparados y de la Adopción de 1991: ahora se autoriza el internamiento por la fuerza, durante el periodo máximo de un mes, de los niños que deambulan por las grandes ciudades catalanas.

El Gobierno de la Generalitat había recibido reiteradas críticas por haberse inhibido en lo referente a las condiciones de vida de estos menores, en su mayoría magrebíes, cuya tutela le corresponde. La consejera de Gobernación fracasó en su propósito de alcanzar un acuerdo con Marruecos para repatriarlos, en el marco de un programa en el que el Gobierno se comprometía a financiar su educación y encontrarles posteriormente un trabajo en Cataluña. Finalmente, ha sido el Parlamento el que, por iniciativa del Gobierno de Pujol, ha aprobado estas medidas que permiten su internamiento forzoso, aunque no hayan cometido delito alguno.

La iniciativa tiene el mérito de afrontar un problema que se da por igual en otras comunidades y sobre el que hasta ahora nadie se ha pronunciado formalmente. Sin embargo, esta medida, acompañada de la construcción de dos centros especiales para el internamiento de estos jóvenes, pudiera acarrear efectos muy distintos a los deseados. Por una parte, la creación de centros para ingresar solamente a magrebíes puede agravar aún más la situación de gueto en la que se encuentran. Por otra, si las medidas ponen más el acento en quitar a estos jóvenes de la circulación que en su propia reeducación, poco se habrá avanzado.

Es necesario un plan de talleres y programas de formación adaptados a sus condiciones y necesidades, junto a las medidas necesarias para su posterior integración en el mundo laboral. El drama de estos muchachos es un reflejo más de que el creciente impacto de la inmigración en la sociedad española debe abordarse de forma integrada y buscando la cooperación de las distintas administraciones.