Ataque a la protección social

El Gobierno del Partido Popular pretende llevar a cabo una reforma que se antoja innecesaria, inadecuada e injusta. Se pretende producir un recorte en las prestaciones por desempleo, cuando las cotizaciones para este fin tienen un excedente de 3.400 millones de euros, unos 600.000 millones de pesetas, y sin embargo el 43% de los trabajadores en desempleo no tiene ninguna protección.

Se quiebra un modelo de diálogo social y concertación que ha dado buenos frutos para las contrapartes y sobre todo para el país, y nos introduce en una senda de confrontación y convulsiones sociales que en nada favorecerá al crecimiento, al consumo, a la economía y al país. Este país necesita de mucho diálogo y menos confrontación, y los sindicatos tienen más que probada su voluntad, disposición y responsabilidad en el compromiso con el diálogo social.

El subsidio agrario es un sistema de protección para los trabajadores del campo que es razonable, justo y barato

Y es una reforma profundamente injusta, porque viene a profundizar y agudizar el desequilibrio entre empresario y trabajador, reforzando al más fuerte, el empresario y debilitando al más débil, el trabajador.

Las medidas propuestas vienen a facilitar y abaratar el despido, al difuminar la linde entre el despido procedente e improcedente y hacer desaparecer la causa para despedir, al empresario le dará igual tener causa que no tenerla, el despido queda en manos de la decisión del empresario, y ahora sin costos, al desaparecer los salarios de tramitación.

Los trabajadores fijos discontinuos en tiempo cierto no tendrán derecho al desempleo al cambiar la naturaleza jurídica de su contrato de trabajo y pasar a considerarse un contrato a tiempo parcial. Tampoco aquellos que tengan o hagan un contrato de inserción, tendrán derecho a desempleo ni subsidio.

Por tanto, como puede observarse apenas se le echa un vistazo a la reforma del Gobierno se concluirá que no es un problema de trabajadores en desempleo, no es una cuestión de parados, es del conjunto de los trabajadores y sobre todo, de los activos y ocupados.

Se agreden derechos, el desempleo deja de ser un derecho y aseguramiento, se ataca al sistema de protección social, en uno de sus pilares básicos, la protección por desempleo, como punta de lanza para disminuir y destejer toda la red de protección social, así consiguen, socavar y herir gravemente el Estado de bienestar tal y como lo conocemos en nuestro país. Éste es el fin primero y último del Gobierno del Partido Popular y, por esto, o damos una repuesta contundente, unitaria y democrática, o el sistema de protección social está en grave riesgo de extinción en este país.

Finalmente la reforma del Gobierno hace desaparecer los programas de la AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social y Agraria, antiguo PER) y hace entrar en vía de extinción el subsidio agrario.

Me van a permitir aclarar la diferencia entre AEPSA-PER y subsidio agrario. Son cosas distintas que nada tienen que ver, el único vínculo entre ellos es que las jornadas que los trabajadores eventuales del campo realizan en algún programa de la AEPSA (11 de media), les cuenta para alcanzar las 35 peonadas necesarias para tener derecho a seis meses de subsidio. En consecuencia, subsidio y PER no son la misma cosa, de hecho, uno podría existir sin el otro, aun cuando los dos siguen siendo indispensables.

La AEPSA-PER son programas de inversión que están cofinanciados a través de los convenios INEM-Ayuntamientos cuyas partidas aparecen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año y han servido y sirven para mejorar y adecentar los pueblos del medio rural, haciendo que las gentes vivan más decentemente, lo que ha contribuido a fijar población y evitar el despoblamiento del medio rural. Con estos programas se realizan obras desde colegios hasta cuarteles de la Guardia Civil, pasando por arreglo de calles, plazas, fuentes, polígonos industriales, etcétera. Por cierto, debe saberse que esto existe en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, etcétera y no sólo en Andalucía y Extremadura. Esto es la AEPSA-PER, programas que han sido y siguen siendo necesarios en Andalucía.

El subsidio agrario es un sistema de protección por desempleo para los trabajadores eventuales del campo, éste sí, solo para Andalucía y Extremadura que es razonable, justo y barato y que más del 60% de estos trabajadores no llegan a percibirlo.

El último censo de trabajadores eventuales del campo en España es de 828.000. De éstos, 590.000 lo son de Andalucía y Extremadura. De estos 590.000 perceptores potenciales, sólo unos 230.000 de media recibieron durante 2001 algún subsidio, con una media de cinco meses al año. Si de éstos descontamos los mayores de 52 años que están protegidos por subsidio también en el régimen general, la resultante es que solo unos 140.000 trabajadores eventuales del campo, el 25% del total, recibieron el subsidio durante algún tiempo, en una media de cinco meses a 54.000 pesetas/mes. Debe saberse también que estos trabajadores pagan mensualmente una cuota de 10.300 pesetas, trabajen o no trabajen. Por consiguiente, en torno al 75% de los trabajadores del sector agrario no ha tenido ninguna protección.

Ateniéndonos a los datos, parece bastante razonable, justo y barato que este sistema persista para unos trabajadores que ya están más que discriminados, tanto desde el punto de vista de condiciones de trabajo, salariales, climáticas, movilidad, etcétera. El subsidio les permite dignificar un poco esa condición de trabajador agrario.

Finalmente, se pretende proyectar un discurso perverso, malicioso y falso y por ello injusto y reaccionario, presentando al trabajador como culpable de su situación de desempleo. Es decir, se criminaliza a la víctima y además se le presenta como vago, defraudador y golfo. Sólo un dato: de las inspecciones realizadas por el INEM, sólo el 3% de las solicitudes de prestación tenían alguna irregularidad, que no significa necesariamente fraude; de las 5.000 empresas inspeccionadas sobre la contratación temporal, el 48% de los contratos (13.000) estaban en fraude de ley, y los trabajadores son las víctimas, no los culpables. El Gobierno debería ocuparse de impulsar negociaciones y fórmulas para reducir las altas tasas de temporalidad en el trabajo, el 32% en España, el 46% en Andalucía, situación que sufren y padecen los trabajadores. Reducir la temporalidad sí que supondría una excelente reforma de la protección por desempleo al disminuir la rotación en el cobro de prestaciones y subsidios.

En este país quienes cometen fechorías y golferías tienen nombres y apellidos: están en las esferas de las amistades de miembros del Gobierno y localizados en el BBVA, Gescartera, las Eléctricas, Telefónicas, secretarías de Estado, etcétera y para los que el Gobierno, con Aznar al frente, tienen guantes de seda, mientras utiliza para los trabajadores el brazo de hierro. Los trabajadores lo que queremos es trabajar dignamente, y por eso tenemos la osadía de pedir derechos, estabilidad y seguridad.

Julio Ruiz es secretario general CC OO-A.