El derribo del Teatro Romano abre una crisis en el Ayuntamiento de Sagunto

El anuncio de la demolición de la obra nueva del Teatro Romano ha abierto una seria discrepancia en el Ayuntamiento saguntino, presidido por el PP con el apoyo del Bloc. El teniente alcalde Manuel Civera, nacionalista, consideró ayer 'un insulto y un sarcasmo' la decisión de la Consejería de Cultura y sugirió la posibilidad de no conceder la licencia de obras de reversión. El PSPV y EU también criticaron duramente la medida. Por contra, el abogado Juan Marco Molines, impulsor del derribo, afirmó que el Ayuntamiento ha de pagar parte del mismo.

Civera apuntó que la necesaria gobernabilidad de Sagunto es una cuestión cuya importancia va 'más allá' que el problema generado por el Teatro Romano, pero añadió que se van 'sumando' agravios. El también presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Sagunto criticó que el alcalde, Silvestre Borrás (que gobierna con sus ocho concejales del PP, más tres del Bloc y dos del grupo mixto, sobre un total de 25), no se haya reunido con el equipo que preside el Ayuntamiento para tratar la espinosa cuestión del teatro. Además cargó las tintas contra la nula participación del Consistorio en la toma de decisiones por parte de Cultura.

'Ante la imposición' de la medida, Civera recordó que 'el Ayuntamiento tiene la capacidad de negar el permiso de obras'. Fuentes jurídicas del Ayuntamiento señalaron que muy difícilmente se podría rechazar esa licencia de obras, potestad delegada ahora por el alcalde a la comisión de gobierno, sin motivos justificados y, sobre todo, en cumplimiento de la ejecución de una sentencia. Sin embargo, la negativa del Bloc podría crear un nuevo obstáculo, además de tensionar las relaciones con el PP saguntino que necesita el respaldo del Bloc para seguir gobernando.

El teniente de alcalde recordó que en el pacto con el PP para presentar una moción de censura contra el PSPV se incluía la condición de continuar con el recurso contra la decisión del TSJ que declaraba ilegales las obras del teatro. Además, incidió en que la licencia de obras para la intervención diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli fue aprobada por 24 de los 25 concejales, incluyendo el voto afirmativo del edil del PP. Civera lamentó que 'la venganza de un partido sobre otro la acabe pagando el pueblo de Sagunto', cuyo patrimonio está en un grave estado de deterioro, e instó a que los partidos y los técnicos consensúen una solución no traumática, como se reclamó en un pleno del Ayuntamiento.

Más radical

El alcalde, Silvestre Borrás, se limitó a decir que las sentencias se han de acatar, aunque sugirió también que la solución anunciada por la Consejería de Cultura de demoler las losas del graderío y los muros del escenario es más radical que la que esperaba.

No es esa la opinión del ex diputado del PP, Juan Marco Molines, el abogado que inició el pleito, quien ayer volvió a reiterar su satisfacción 'personal y profesional' por la resolución, al tiempo que afirmaba que el Ayuntamiento debería asumir 'una parte importante' del coste de las obras de reversibilidad. En este sentido, anunció su pretensión de plantear un incidente previo de ejecución de sentencia. El coste del derribo podría aproximarse a los 600.000 euros. Molines criticó la 'inhibición' en el asunto del Ministerio de Cultura, propietario del monumento, y dijo que concretará con la Administración la creación de la comisión anunciada para derribar el teatro, además de señalar que el festival Sagunt a Escena 'este año va a estar mal, porque no se puede estar dando representaciones y ejecutando obras'. Envalentonado, el politico, ya retirado, apostilló a Europa Press que su posición ante el certamen 'dependerá mucho de la programación'.

El PSPV y EU coincidieron en la contradicción que supone derribar una obra consolidada cuando gran parte del patrimonio valenciano se encuentra en un grave estado de abandono, como el castillo saguntino. El líder socialista Joan Ignasi Pla consideró una 'barbaridad' el derribo que responde a una 'obcecación' del PP. El portavoz parlamentario del PSPV, Joaquim Puig, indicó que 'se puede hacer una lectura de la sentencia más abierta a los intereses generales, y no a los intereses particulares, partidarios y nacidos del rencor'. Y la secretaria de Cultura de la ejecutiva socialista, Isabel Escudero, citó a Romanones: 'Cuando quieras que algo no funcione crea una comisión'.

El portavoz adjunto de EU en las Cortes, Ramón Cardona, manifestó que han triunfado 'las tesis más retrógadas e irracionales sobre este tema'. Cardona añadió que la restauración de Grassi y Portaceli 'dignifica un espacio que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de su historia'. 'Se podía haber cumplido la sentencia de una manera más razonable'.

El portavoz parlamentario del PP, Alejandro Font de Mora, instó a los socialistas a ser 'menos arrogantes' porque la actuación en el monumento es un ejemplo 'paradigmático' de algunas de las 'chapuzas' del gobierno del PSPV. 'Lo único que es procedente es el cumplimiento de la sentencia', con independencia de 'criterios estéticos o funcionales', agregó.

En la controversia también entró ayer el vicepresidente del Consell Valencià de Cultura, Ramón de Soto, quien declaró a título personal que la decisión de la Generalitat es 'totalmente correcta', en cumplimiento de la sentencia, aunque afirmó a Europa Press que es 'casi imposible' devolverlo a su estado original. 'Yo hubiese dejado las cosas tal y como están' por los problemas y el gasto derivados de una nueva intervenciónien. A veces es 'peor el remedio que la enfermedad', añadió. El presidente del CVC, Santiago Grisolía, declaró hace unos días que derribar la obra sería una 'barbaridad'.