Baja productividad

En su reciente comparecencia ante el Congreso, el gobernador del Banco de España tuvo ocasión para comentar la situación de la economía española y destacar dos factores de inquietud: el bajísimo crecimiento de la productividad -el valor de la producción por empleado- y el elevado nivel de endeudamiento de las familias y las empresas. Algo sobre lo que vienen alertando desde hace tiempo los analistas y que podía deducirse igualmente de los informes del servicio de estudios del propio banco, como el referido al comportamiento de la economía española en el primer trimestre de este año. Que se haya moderado el ritmo de crecimiento anual del PIB en esos tres meses, hasta el 2%, no es tan destacable como que lo haya hecho apoyado únicamente en el consumo de las familias y en la construcción, continuando el deterioro de la inversión productiva.

La caída de la inversión ha acentuado desde 1999 el intenso contraste que en términos de capitalización ofrece nuestra economía frente al resto de las desarrolladas. Es tanto más inquietante cuanto que ha sido a partir de la segunda mitad de los años noventa cuando han ocurrido las transformaciones tecnológicas, que en otras economías avanzadas determinaron un aumento significativo de la inversión, necesario para explicar sus posteriores crecimientos en la productividad. En España, este indicador no alcanza el 1% de crecimiento medio anual desde 1996, situándose el pasado año en un modesto 0,4%, muy inferior al promedio europeo. A ello no es ajeno ese frenazo en la inversión, ni tampoco la escasa asignación de recursos a la investigación y la innovación.

El aumento de la capitalización de nuestra economía (en capital productivo, humano y tecnológico) es necesario para elevar su eficiencia y garantizar crecimientos más rápidos de la renta por habitante. Las condiciones financieras favorables de los últimos años no se han aprovechado para este propósito. Esa falta de competitividad lastra suplementariamente una economía ya dañada por un enquistado diferencial de inflación frente a los países con los que compartimos intercambios y moneda. El Gobierno debe aplicarse, por todo ello, a favorecer una composición del crecimiento más saludable antes que a otras ocupaciones de interés menos general.