Pro Río pide al juez que impute a los alcaldes que permiten la contaminación del río Segura

La Comisión Pro Río trasladará al juez 'la culpabilidad' de los responsables políticos en la contaminación del río Segura, para ello 'solicitamos la imputación de todos aquéllos que consienten los vertidos', según José Antonio Muñoz, portavoz del colectivo. En las últimos días Pro Río ha pedido la imputación de los alcaldes de Orihuela, Redován, Cox, Guardamar y Santomera, de los consejeros de Medio Ambiente de Valencia y Murcia y del presidente de la Confederación Hidrográfica. Hoy pedirán la imputación de los los alcaldes de Rafal, Algorfa y Rojales

La Comisión Pro Río pretende, además, dar un giro a las investigaciones que siguen los juzgados de Orihuela y Murcia sobre la contaminación del Segura con el fin de confirmar su incidencia en la salud. La pretensión de esta agrupación es denunciar a la Administración y a las empresas responsables de los vertidos en concepto de 'daños y perjuicios' por las patologías que sufren determinados enfermos. Para ello, han iniciado conversaciones con la Asociación de Lucha Contra el Cáncer.

El portavoz del colectivo, José Antonio Muñoz Grau, explica que 'la estrategia que seguiremos será la inversa a la que desarrollabmos hasta ahora'. 'En vez de tratar de demostrar que el río sí afecta a la salud, adoptaremos el método empleado por algunos pacientes que han denunciado a las compañías tabacaleras y daremos por supuesto que ciertos tipos de cáncer son provocados por la contaminación', explica Muñoz Grau. 'Por tanto', sigue, 'deberán ser los empresarios y la administración quienes lo desmientan con pruebas'.

Diversos análisis encargados por ésta y otras plataformas han arrojado datos alarmantes sobre el índice de productos cancerígenos que transporta el agua, como cromo hexavalente o níquel, pero hasta el momento no se ha elaborado ningún informe que acredite una relación causa-efecto entre la contaminación y el brote de ciertas patologías. Pro Río, que viene denunciando esta vinculación desde hace años, presentó en el juzgado 6 de Orihuela un estudio del Instituto Nacional de Toxicología que constataba que entre los años 1996 y 2000 se había registrado en la Vega Baja un incremento de las afecciones cancerígenas superior al 400%.

La magistrada de Orihuela que instruye el caso solicitó a la Generalitat un informe sobre la evolución que habían experimentado las consultas oncológicas en esta zona hasta 1996, 'pero la estadística no se ha remitido', asegura Muñoz Grau. 'Ahora deberán ser ellos, los empresarios y dirigentes políticos, quienes se esfuercen en demostrar que esa conexión no existe', augura.

La otra forma de verificar 'la culpabilidad de los responsables políticos es solicitar la imputación de todos aquéllos que consienten los vertidos', agregó. Por eso en las últimas semanas Pro Río ha reclamado la imputación de los alcaldes de Orihuela, Redován, Cox y Santomera, de los consejeros de Medio Ambiente de Valencia y Murcia y del presidente de la Confederación Hidrográfica. Hoy extenderán las solicitudes para pedier acciones contra los alcaldes de Rafal, Algorfa y Rojales por 'permitir que se produzcan vertidos que en algunos casos son de una gravedad extrema', según señala Muñoz Grau, que pone como ejemplo los vertidos de Rojales que contienen un elevado índice de cadmio, según el colectivo.