Servidumbres sin compensación

El nuevo encuentro previsto para esta semana de los ministros de Asuntos Exteriores de España y Reino Unido, Josep Piqué y Jack Straw, respectivamente, amenaza con limitarse a un contacto más entre ambos mandatarios sin resultado inmediato alguno que presentar ante la opinión pública. Las últimas diferencias surgidas en el seno del Gobierno británico sobre el destino final de la base enclavada en la colonia vuelven a poner de manifiesto la servidumbre que en materia de Defensa está dispuesta a soportar Andalucía, toda vez que España se muestra favorable a encontrar una fórmula que garantice la continuidad en el tiempo de esta otra presencia militar extranjera en suelo andaluz que habrá que unir a las ya existentes de las bases de Rota y Morón.

Conforme a los dictados de la Unión Europea, en ese proceso negociador entre los dos países se debe contemplar un importante paquete de ayudas para la comarca campogibraltareña y el propio Peñón. Un conjunto de medidas inversoras que debería incorporar también el hecho nada desdeñable de que Andalucía albergue a las tres instalaciones militares de mayor valor estratégico de la península y del sur del continente europeo. Sin embargo, hasta ahora la actitud de la Administración española en particular no pasa, precisamente, por realizar un reconocimiento expreso de esta condición sino todo lo contrario. No hay compensación que valga. Sin ir más lejos, de cada 100 pesetas que invierte el Estado español en la provincia de Cádiz, unas 65 se dedican a Defensa. Y así nos va, porque, para colmo, a la hora de revertir beneficios este departamento a los municipios en donde se asientan sus unidades, se muestra más que cicatero. Son incontables los casos en los que este ministerio aparece como un organismo meramente especulador, que contribuye a subir descaradamente el precio del suelo al sacar a subasta pública importantes superficies de terreno ya sin uso castrense alguno.

Ahora que las autoridades se lamentan de la falta de concienciación ciudadana sobre la labor de nuestras Fuerzas Armadas, circunstancia que contribuye a que fracase estrepitosamente la campaña de captación de soldados profesionales, bien podrían comenzar para luchar contra esta adversidad por lavar su imagen y ofrecer un perfil más amable y positivo a través de una franca colaboración con las instituciones más cercanas al contribuyente, como son los ayuntamientos, actuando de una forma razonable en aquellos asuntos en los que confluyen los intereses de unos y otros. Es por eso que no deberían echar en saco roto la resolución que se prepara en estos días en el Parlamento andaluz reclamando todos los grupos políticos, excepto el PP, un tratamiento justo no ya para los ayuntamientos en cuyos términos se sitúan las bases sino también para los trabajadores empleados en ellas, colectivos que mantienen abiertos de forma permanente conflictos laborales aún sin solucionar.

De la Cámara saldrá, igualmente, todo un varapalo al diputado del PP por Córdoba Rafael Merino quien, a fin de cuentas, ha tenido la virtud de decir en voz alta lo que piensa todo el mundo, esto es, que no se transfieren las Políticas Activas de Empleo debido a que en Andalucía gobiernan los socialistas. Será un pronunciamiento institucional del Parlamento andaluz, por medio de su Comisión de Coordinación y Régimen de las Administraciones Públicas, que vendrá a interpretar sus palabras como un atentado a la autonomía de nuestra comunidad, ya que se niegan de forma arbitraria unas competencias que le pertenecen y que, además, fueron reclamadas por todos los grupos, incluido el PP. Una iniciativa, desde luego que singular y grave, que no gusta nada a los populares metidos de lleno como están en la operación de salvamento del propio Merino, seriamente cuestionado por la dirección de su partido en Córdoba, encabezado por su presidente provincial, Enrique Bellido, al que le quedan dos telediarios, ya que ha osado enfrentarse al secretario general del PP, Javier Arenas.