Si Andalucía no fuera socialista...

Son pocas las ocasiones en las que el sentimiento y el pensamiento político se han manifestado de una manera tan clara y transparente, sin adornos ni jergas, sin envoltorios dialécticos capaces de ocultar la verdad de lo que se piensa y se quiere decir.

El pasado martes 7 de mayo, en el Congreso de los Diputados, tuvimos la suerte y la tristeza de presenciar una representación de esta naturaleza.

Sucede con mucha frecuencia en la Cámara un hecho insólito. Los representantes andaluces del Partido Popular (PP), sean diputados o ministros, aprovechan la tribuna para atacar e insultar, en el mejor estilo Arenas-Teófila, a las instituciones andaluzas: al presidente, al Consejo de Gobierno y al Parlamento andaluz.

El PP teme que la buena gestión de la Junta sitúe en el ridículo más espantoso su forma de combatir el desempleo

No tienen ningún pudor en alinearse en contra de la defensa de los intereses de nuestra tierra. A veces se han producido situaciones insólitas y bochornosas, llegando a manifestar públicamente que ellos están allí para defender a 'su Gobierno', olvidándose de los ciudadanos a los que representan.

La de ese día en el Congreso fue una de ellas. Recuerdo cómo el portavoz del grupo catalán de Convergencia esperaba sinceramente escuchar razones que explicaran el por qué de esta negativa irracional. No las escuchó.

Rafael Merino, diputado del PP, elegido por los ciudadanos de Córdoba, expuso con total claridad, crudeza y desvergüenza las verdaderas razones por las que el Gobierno de Aznar no termina de realizar el acuerdo de transferencias de las Políticas Activas de Empleo a la Junta: 'Si en Andalucía no estuviera el PSOE, ya estarían transferidas las competencias y habríamos llegado a un acuerdo'.

Existe otra razón aún más recalcitrante, si cabe, que esa. La utilización en beneficio de su propio partido político, el uso clientelista de los fondos públicos, de los millones de euros, que el Instituto Nacional de Empleo dedica todos los años a los programas destinados al fomento del empleo: escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo, etcétera.

El objeto de estos programas no es otro que paliar y luchar contra el desempleo, favoreciendo el acceso a la formación de los jóvenes, de las mujeres (con una de las tasas de actividad laboral más bajas de Europa) y de aquellos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y precisan un reciclaje profesional, una mejor cualificación para poder incorporarse de nuevo al mercado laboral.

Siempre he considerado que uno de los fraudes mas vergonzosos y vergonzantes es el que se comete, por lo visto con demasiada frecuencia, con el dinero destinado a la protección social de los trabajadores.

Es una ignominia inadmisible que el Gobierno de la Nación esté haciendo un uso indebido del dinero que administra y que en este caso procede de la recaudación de las cotizaciones sociales. Procedencia también indebida por insolidaria, ya que estos programas deberían financiarse con cargo a la fiscalidad general, es decir, con el esfuerzo de todos los contribuyentes y no sólo con el de los trabajadores, tal como está literalmente acordado en el Pacto de Toledo.

Los datos facilitados por el INEM que hizo públicos el diputado socialista por Granada, Luis González Vigil, en el debate del Congreso de los Diputados sobre la distribución que el Gobierno del PP ha realizado entre los ayuntamientos de Andalucía durante el año 2001 son una prueba evidente y escalofriante de este fraude político y de la discriminación más sectaria posible: la que favorece y premia a los ciudadanos que han votado al PP y la que castiga y margina a los ciudadanos que han osado votar al Partido Socialista.

Deben creer que ésta es la mejor manera de conseguir el pensamiento único y el voto más uniforme posible. Y si no lo consiguen siempre les quedará el desprecio, la marginación y el olvido.

Se equivocan. Se han equivocado muchas veces en Andalucía. Todos recordamos cuando hablaban del voto cautivo. Esos votos eran y son libres. Son en buena parte socialistas sólo por la libre convicción de los trabajadores del campo de que las políticas socialistas están pensadas y gestionadas en beneficio de la mayoría de la sociedad y las discriminaciones se hacen a favor de quien más las necesita. Por eso, ahora que el PP gobierna, los votos del campo y de los andaluces tampoco son suyos, porque la inteligencia y la dignidad no se compran.

El empleo en nuestro país no va bien. Las cifras de desempleo del mes de abril son realmente malas, las peores de los últimos siete años. España tiene la tasa de desempleo más alta de Europa. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social a los desempleados se han ido reduciendo paulatinamente hasta llegar a ocupar uno de los últimos puestos entre los países europeos. Nuestro estado del bienestar se ha deteriorado gravemente en los últimos seis años.

Pero el PP insiste en seguir equivocándose: acaban de anunciar nuevos recortes en su proyecto de reforma del desempleo, la eliminación de un plumazo del subsidio agrario y consecuentemente del PER, lo que significa una agresión sin precedentes a los trabajadores, especialmente a los andaluces, en un momento en el que arrecian las dificultades por la debilidad de nuestro sistema económico.

Actualmente el Gobierno ha transferido ya las políticas activas de empleo a 15 Comunidades Autónomas. ¿Por qué tiene tanto miedo el PP a cumplir sus obligaciones con Andalucía? ¿Acaso temen que la buena gestión de la Junta al desarrollar la gestión de estos programas de fomento en un ámbito más cercano a la realidad sitúe en el ridículo más espantoso su forma de combatir el desempleo?

¿Cuáles son, por tanto, las razones para que el Gobierno del PP no transfiera al Gobierno andaluz las políticas de fomento del empleo?

El martes día 7 de mayo en el Congreso de los Diputados oímos con claridad esas razones: Andalucía no piensa como Aznar.

Isabel Pozuelo es diputada socialista en el Congreso de los Diputados por Sevilla y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.