Hacienda reclama más de 90.000 euros a la mujer de Cartagena

Ana Encabo, subsecretaria de Planificación y Estudios de la Consejería de Presidencia, depositó en 1998 casi medio millón de euros (83 millones de pesetas) en cesiones de crédito de nuda propiedad ofertadas por el Banco Santander, un producto que aprovechaba un resquicio legal para ser fiscalmente opaco. Según la información que obra en el sumario del caso, Encabo negó ser titular de los depósitos, pero la Agencia Tributaria le reclama más de 90.000 euros (15 millones de pesetas) por rendimientos que nunca admitió en su delaración de renta.

Luis Fernando Cartagena, marido de Ana Encabo, renunció a su cargo de Consejero de Obras Públicas en marzo de 1998 para evitar dañar la imagen del Consell y del PP de la Comunidad Valenciana, dijo entonces, debido a su supuesta implicación en el caso de las cesiones de crédito. Según la información recogida en el sumario, Cartagena depositó casi medio millón de euros en cesiones de crédito en 1998.

Pero Encabo, supuesta titular de una cantidad equivalente, fue elevada a la Subsecretaría de Planificación y Estudios en agosto de 1999.

El caso abierto en 1992 por el juez Miguel Moreiras contra el Banco Santander y cerca de 200 titulares de cesiones de crédito de nuda propiedad sigue vivo. El último auto al respecto dictado por la Audiencia Nacional el pasado 22 de abril desestimaba una solicitud de nulidad del proceso requerida por el Banco de Santander, el Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal y dejaba en manos de la juez Teresa Palacios la última palabra sobre el procedimiento.

El auto resulta ambiguo, pero sugiere que debería investigarse la situación de cada uno de los titulares de las cesiones de crédito que nunca regularizaron su situación y nunca tributaron por los rendimientos obtenidos.

Cartagena fue objeto en su día de una causa separada debido a su condición de aforado al ser miembro del Consell de la Generalitat Valenciana.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumió la investigación sobre los supuestos depósitos de Cartagena y abrió una línea novedosa de investigación.

A lo largo de todo el proceso, los informes periciales habían sido elaborados por técnicos de la Agencia Tributaria, que era parte directamente implicada en la causa como perjudicada.

El volumen total de fondos depositados en cesiones de crédito en toda España rondaba los 2.500 millones de euros, una cantidad que se habría traducido en un fraude de unos 50 millones de euros a la Agencia Tributaria.

El TSJCV optó por solicitar un informe pericial al Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia, cuyos técnicos analizaron los rastros de los depósitos bancarios registrados durante casi dos años en las cintas telémáticas incautadas al Banco Santander que recogían todos los movimientos de fondos producidos en la provincia de Alicante.

Los informes remitidos al TSJCV establecían que Cartagena era el verdadero titular de unas cesiones de crédito que luego se transformaron con el tiempo en otros productos bancarios en contra de la versión que sostenía el entonces consejero de Obras Públicas.

Cartagena siempre atribuyó la titularidad de esos depósitos a un óptico de Elche, que efectivamente pagó a la Agencia Tributaria los impuestos derivados de los intereses generados por ese capital. Sin embargo, la Agencia Tributaria consideró nula esa regularización. Cuando Cartagena dimitió, las diligencias instruidas por el TSJCV se incorporaron de nuevo a la causa general contra cerca de 200 implicados, entre ellos Ana Encabo.

La subsecretaria de Planificación y Estudios ha negado ser la titular de productos opacos, según consta en el sumario. Pero la Agencia Tributaria le reclama más de 90.000 euros, la cantidad a partir de la cual el fraude tributario se considera delito.

La dimisión de Cartagena coincidió con una grave crisis abierta en el seno del grupo municipal del PP en la localidad de Orihuela, donde había sido alcalde con amplio apoyo popular.

Un grupo de concejales escindido del PP presentó todo un rosario de denuncias contra el ex alcalde ese mismo año. Cartagena ha sido recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a cuatro años de prisión por los delitos de apropiación indebida de fondos públicos y por falsedad documental. Según la sentencia, que ha sido recurrida, Cartagena recibió 50.000 euros procedentes de la religiosa responsable de la gestión del Hospital Municipal de Orihuela cuando era alcalde y nunca los contabilizó en las cuentas municipales.