Reforma sin Cardenal

Una reforma del ministerio público que no aborde la espinosa y polémica cuestión de la dependencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno nace gravemente coja. La que propone el ministro Acebes, en el marco del Pacto sobre la Justicia consensuado con el PSOE, no sólo elude esta cuestión, sino que refuerza el poder del fiscal del Estado sobre sus subordinados sin modificar en absoluto su reducida autonomía de actuación frente al Ejecutivo. Con esta reforma, la larga sombra gubernamental sobre el ministerio público puede llegar más lejos si cabe, sobre todo contando con la inapreciable colaboración de un fiscal general como Cardenal, servicial y osbsequioso hasta el empalago con sus mentores políticos.

Frente a la tendencia demasiado evidente de los Gobiernos de hacer del ministerio público un instrumento oportunista de sus intereses en relación con el delito o con la justicia, activando o congelando su iniciativa a conveniencia, se ha propuesto que el fiscal general del Estado fuera designado por el Parlamento o por el Gobierno con un plazo determinado. La primera propuesta exigiría una reforma de la Constitución, pero no así la segunda. Por eso, llama la atención que la primera reforma de fondo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981 mantenga el mandato indefinido del fiscal general del Estado, cuyo cese sigue quedando al libre arbitrio del Gobierno, y, sin embargo, se preocupe de limitar a cinco años el mandato de sus subordinados, los fiscales jefes.

Sin resolver esta cuestión de fondo, la reforma propuesta, que atañe sin duda a importantes aspectos del funcionamiento del ministerio público, no deja de ser menor y limitada. En principìo, nada habría que oponer a que el mandato de los fiscales jefes se limite a cinco años y es muy oportuno que la idoneidad prevalezca sobre la antigüedad a la hora de designar a los titulares de las fiscalías más relevantes: Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, Fiscalía Anticorrupción, etcétera. La movilidad y la promoción por capacidad y méritos son rasgos de las organizaciones modernas y desarrolladas. Pero con un fiscal general cuyo cese pende de la voluntad del Gobierno, esa situación, sin duda más propicia a la discrecionalidad, puede servir para relegar a los fiscales incómodos y premiar a los adictos.

No hay que olvidar que el Gobierno se reserva la última palabra en la designación de los cargos más relevantes del ministerio público. Una asociación de fiscales ya ha expresado su temor de que la finalidad última de la reforma anunciada sea 'prescindir de los fiscales jefes más incómodos para los intereses del Gobierno'. Sin modificar el actual régimen de dependencia del fiscal del Estado respecto del Ejecutivo, ese temor tiene visos de ser fundado.