La mayoría del Poder Judicial quiere imponer a Liaño como juez con sus antecedentes penales

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proyecta imponer inmediatamente como juez a Javier Gómez de Liaño, condenado por dictar resoluciones injustas a sabiendas y expulsado de la judicatura, sin esperar a la cancelación de sus antecedentes penales. Todos los sectores del Consejo, que analizará hoy la petición de 'reintegro' en la carrera judicial de Gómez de Liaño, coinciden ya en que el indulto gubernamental no pudo cancelar tales antecedentes, por lo que la mayoría del CGPJ pretende ahora reingresarle en la carrera judicial 'aunque sea con antecedentes penales'.

Tras sucesivas reuniones del sector conservador, en las que se plantearon las dificultades de la vuelta a la jurisdicción de un condenado por prevaricación continuada, se aprobó finalmente, según fuentes de dicho sector, una nueva estrategia para salvar el escollo de la vigencia de los antecedentes penales de Gómez de Liaño, mientras no transcurran los cinco años necesarios para su cancelación: admitir que el condenado ejerza como juez aunque no hayan sido cancelados sus antecedentes penales.

Desde el sector progresista se considera que, de adoptar ese acuerdo, el CGPJ 'invadiría el papel constitucional del Tribunal Supremo', según la vocal propuesta por el PSOE Montserrat Comas. De ahí que este sector piense proponer al pleno que se pronuncie el Tribunal Supremo, cuya resolución aplicadora del indulto no sólo no fue anulada, como pedía el Gobierno, por el Tribunal de Conflictos, sino invocada por este órgano, que recordó que el Supremo, como tribunal sentenciador, entendió que 'el antecedente penal derivado de la pena indultada impide la reintegración de un juez en la carrera'.

La minoría pedirá que, del mismo modo que el Supremo se dirigió al CGPJ para que éste excluyera a Gómez de Liaño del escalafón, 'para el eventual reingreso en la judicatura, en virtud del indulto, de un particular que está fuera de la carrera, es preciso igualmente una orden del tribunal sentenciador', según otro vocal progresista que prefirió silenciar su identidad.

El hecho de que uno de los vocales propuestos por el PP, el penalista Adolfo Prego, participó el 8 de enero de 2001 en la reunión del Supremo que aplicó el decreto de indulto a Gómez de Liaño, ha aconsejado a la mayoría conservadora que sea otro vocal propuesto por el PP, José Luis Requero, especialista en lo contencioso-administrativo, quien actúe hoy como principal portavoz del sector conservador, según confirmó este último.

Prego no se abstendrá

Preguntado por este periódico sobre si se abstendría hoy de intervenir en el pleno, dada su participación en la Sala General Penal del Supremo sobre el mismo asunto, Prego contestó negativamente. Explicó que aquella Sala General 'no fue jurisdiccional, sino para recabar opiniones de todos los magistrados, además de que el Consejo no es un órgano jurisdiccional, sino administrativo'.

La vocal Montserrat Comas considera, en cambio, que las normas de abstención y recusación establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial son también de aplicación al CGPJ. Uno de los motivos de abstención es el de 'haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia', y otro, el de haber ocupado 'cargo público con ocasión del cual haya podido formar criterio, en detrimento de la debida imparcialidad, sobre el objeto del pleito o causa'. Otra vocal propuesta por el PSOE, Ángeles García, estudiaba ayer la posibilidad de pedir la abstención de Prego.

En todo caso, la posición mantenida el 8 de enero de 2001 por Prego y los otros cinco magistrados que quedaron en minoría -entre ellos el presidente de la Sala, Luis Román Puerta- respecto a que los antecedentes penales de Gómez de Liaño 'indudablemente no quedan borrados por la gracia de indulto', ha pesado también para establecer la estrategia argumental de la mayoría conservadora que, según Prego, consiste 'en criterios jurídicos varios y complementarios y en posiciones serias, todas ellas fundamentadas'.

Dos de los informes recabados por el presidente del CGPJ avalan la posibilidad de que Gómez de Liaño ejerza como juez sin previa cancelación de sus antecedentes penales. Uno de ellos es el del jefe del Gabinete del presidente, Eduardo Ortega, para quien la exigencia legal de esa cancelación no es aplicable en este caso, ya que 'impediría el cumplimiento del reintegro en los justos términos establecidos en el Real Decreto de indulto; y, más aún, supondría erigir un sistema de control difuso a una prerrogativa real'.

Resultado 'nada deseable'

El otro, suscrito por Fernando Román, director del Gabinete Técnico, tras defender 'la indultabilidad de los antecedentes penales', se lo piensa mejor y sostiene que 'no existiría obstáculo definitivo para que Gómez de Liaño pudiera ser reincorporado a la carrera judicial en este momento'. Pero avisa que sería un 'resultado nada deseable de aceptar que (...) un juez condenado por delito doloso grave pueda seguir ejerciendo como tal, aunque este delito lo haya cometido en el ejercicio de sus funciones judiciales'.

Los otros dos informes niegan que Gómez de Liaño pueda ser reingresado ahora a la carrera judicial. Gerardo Martínez Tristán, jefe de la Sección de Magistrados, asegura que, 'se mire por donde se mire, un juez condenado a la pena de inhabilitación, no tiene otro cauce para reingresar al servicio activo (...) que la superación de los procedimientos selectivos o de ingreso en la carrera judicial, tras haber cancelado los antecedentes'.

Y el anterior jefe del Gabinete Técnico, Emilio Fernández de Castro, propone instruir a Gómez de Liaño 'expediente de rehabilitación', que quedará 'en suspenso mientras el solicitante no acredite haber logrado la rehabilitación prevista en el Código Penal'.