El CGPJ acuerda el reingreso de Liaño en la judicatura pese a sus antecedentes penales

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por la tarde el reingreso inmediato en la carrera judicial de Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada (dictar resoluciones injustas a sabiendas) y expulsado de la judicatura, sin esperar cinco años, plazo en el que se cancelarán sus antecedentes penales que el indulto gubernamental no pudo suprimir.

A favor de la vuelta de Liaño a la judicatura han votado el presidente del Consejo, Francisco Hernando, los 10 vocales propuestos por el PP, y el de CiU, Josep Alfons López Tena, mientras que votaron en contra los 8 vocales designados a iniciativa de PSOE e IU, y el independiente Agustín Azparren.

Gómez de Liaño fue condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricar en el denominado caso Sogecable. El ex juez de la Audiencia Nacional pidió el pasado mes de febrero al CGPJ su reingreso en la carrera judicial, al considerar que la condena de 15 años de inhabilitación que se le impuso no implicaba la pérdida de su condición de magistrado.

Con esta decisión, el sector conservador del Poder Judicial impone su criterio frente al sector progresista que considera que el acuerdo choca de frente con el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su resolución aplicadora del indulto, en la que recordaba que los antecentes penales derivados de la pena indultada impedían la reintegración de un juez en la carrera.

El acuerdo del CPGJ llega tras sucesivas reuniones del sector conservador en las que finalmente se acordó una novedosa estrategia para salvar el obstáculo que supone el regreso a la jurisdicción de un condenado por prevaricación continuada: readmitir al condenado como juez aunque no hayan sido cancelados sus antecedentes penales.

"Gratitud hacia el Gobierno"

El ex juez de la Audiencia Nacional ha mostrado su satisfacción nada más conocer la decisión alcanzada por el Poder Judicial. "Debo transmitir mi sentimiento de gratitud hacia el Gobierno, que entendió que indultarme era un acto de justicia, y a toda la gente que ha confiado en mí como juez", ha dicho Liaño.

Igualmente ha destacado "todo el respeto" a los vocales del Consejo, "tanto a los que han votado a favor como a los que han votado en contra, porque lo han visto de otra manera".

"Ha habido un debate jurídico y unos lo han visto de una manera y otros de otra y desde luego mi respeto y consideración hacia unos y otros", ha añadido Liaño

Ahora, Gómez de Liaño tendrá que pedir plaza obligatoriamente en el próximo concurso de traslado de jueces, que se celebrará los próximos meses de junio o julio, y será asignado al que le corresponda por antigüedad dentro de las preferencias que manifieste.

A este respecto, el ex juez ha comentado que no sabe si la plaza elegida será en el País Vasco, tal y como señaló en anteriores ocasiones, ya que prefiere estudiar antes las vacantes disponibles.

Sobre el recurso de amparo que planteó ante el Tribunal Constitucional contra la condena que se le impuso por prevaricación en la instrucción del denominado caso Sogecable, cuando era juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Gómez de Liaño ha explicado que tan sólo está pendiente de conocer la sentencia.

"Alarma social"

Horas antes de hacerse pública la decisión del CGPJ, el secretario de Ciudades y Política Municipal del Partido Socialista, Alvaro Cuesta, afirmó que el regreso "a la carrera judicial del juez Gómez de Liaño provoca alarma social" y subrayó que "es un escándalo que un juez que ha sido condenado por dictar resoluciones injustas y contrarias a la ley pueda acabar reingresando en la justicia, lo cual causa una inseguridad escandalosa en los ciudadanos".

Asimismo, Cuesta señaló que "la pregunta que cabe formularse es qué razones tiene el Gobierno para mantener ese empeño e impulsar el reingreso de Gómez de Liaño en la justicia". "¿Acaso el Gobierno es cómplice del juez prevaricador?", se preguntó. Ante esto, aseguró que su grupo parlamentario pedirá explicaciones en el Congreso y en el CGPJ.