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La polémica gestión de Caja Guadalajara desata las críticas entre PP y PSOE

El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama la adopción de medidas en la entidad

La inspección del Banco de España a la Caja de Guadalajara, que ha puesto de manifiesto irregularidades graves en la gestión de la entidad que controla el PP, desató ayer un cruce de acusaciones entre PP y PSOE. Por parte del PP, el portavoz de Economía, Vicente Martínez Pujalte, acusó al Gobierno castellano-manchego de José Bono de filtrar datos confidenciales y lo tildó de 'irresponsable'. El Gobierno regional, por su parte, instó a los responsables de la caja a tomar medidas. El presidente de la Caja de Guadalajara, Jesús Ortega, atribuyó a la polémica intencionalidad política.

En el PP, la estrategia para hacer frente al presunto escándalo no fue unánime. Mientras Martínez Pujalte optó por criticar la filtración de datos confidenciales, atribuyendo la responsabilidad al Gobierno de José Bono, el portavoz popular Luis de Grandes -muy vinculado a los dirigentes de la caja en cuestión, tanto a su presidente, Jesús Ortega, como al director general, Carlos Jimeno-, en comentarios de pasillo, restó credibilidad a las informaciones sobre las irregularidades.

En la misma línea, el presidente de la caja, Jesús Ortega, aseguró que las informaciones sobre la inspección a la entidad 'se enmarcan dentro de una campaña de desestabilización' relacionada con la negativa de la entidad, hace 10 años, a fusionarse con la Caja de Castilla-La Mancha, controlada por el PSOE.

De forma oficial, la caja hizo público un comunicado en el que, tras asegurar que 'es falso que haya irregularidades graves en Caja Guadalajara', trató de salir al paso de las afirmaciones que contiene el informe de la inspección que, con fecha de 3 de abril, firma el director general del Banco de España, Pedro Pablo Villasante. En dicho informe se cuestiona la gestión de la caja, sus actividades inmobiliarias, su modelo de crecimiento, el control de las inversiones y las relaciones de la entidad con socios industriales que se benefician de la relación con la entidad que financia sus proyectos.

Así, frente a la afirmación del Banco de España de que 'la caja ha optado por un modelo de crecimiento del negocio basado en la creación de un entramado de sociedades denominado Wad-al-Hayara (...)', en un diseño teórico 'que no se ha desarrollado conforme a las capacidades reales gerencial y patrimonial de la caja, que no ha incorporado las estructuras de control y de gestión que se hacen imprescindibles en el desarrollo de cualquier nueva línea de negocio', el comunicado de la entidad asegura que 'en la inspección nunca se ha podido descubrir un entramado societario denominado Wad-al-Hayara porque ésta es una sociedad cuyo capital social es cien por cien de Caja Guadalajara, de la que el Banco de España tenía pleno conocimiento' desde 1999. La caja sí admite que 'ciertas transmisiones de inmuebles hayan podido reportar plusvalías a terceros', aunque matiza que las transmisiones [a la caja] 'se han realizado siempre por debajo de su valor de tasación'. Además, la entidad achaca la 'incorrecta estimación del volumen real de riesgo' que destaca el Banco de España a la aplicación de 'diferentes criterios de agrupación', e insiste en que ya ha realizado los 'ajustes' recomendados por la autoridad monetaria.

Ante la situación creada, la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Luisa Araújo, instó a la caja a resolver las irregularidades, mientras el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, terció en la polémica al asegurar que conocía el informe del Banco de España 'desde hace algún tiempo' y que dicho informe 'no ha dicho cosa distinta de lo que piensan muchos ciudadanos de Guadalajara'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de mayo de 2002