Menores en Melilla

El Gobierno de coalición de Melilla, integrado por PP, PSOE, Unión del Pueblo Melillense y Grupo Mixto, adoptó ayer una decisión insólita y jurídicamente cuestionable: dejar en suspenso sus obligaciones legales de acogida para con los niños inmigrantes no acompañados que llegan de Marruecos. Los argumentos esgrimidos para dar este paso no son desdeñables: la llegada creciente de menores indocumentados marroquíes -un 78% más durante este año, lo que supone casi mil entradas de menores- y la imposibilidad de acoger ni uno más en los cinco atestados centros de acogida con que cuenta la ciudad. Pero la dificultad que pueda tener un Gobierno para ejercer sus competencias legales -en este caso, las de tutela de menores que el Gobierno de Melilla asumió desde 1997- no le faculta a desentenderse de ellas.

El carácter fronterizo de Melilla y Ceuta con Marruecos hace que algunos de los problemas de estas ciudades -la inmigración y derivados- no puedan ser considerados en exclusiva de ellas. La Administración central del Estado tiene una parte importante en su tratamiento y solución. Melilla quiere que el Gobierno aumente sustancialmente la inicial partida presupuestaria -1,5 millones de euros anuales- destinada a atender sus competencias sobre menores. Pero la forma de presionar al Gobierno no puede ser dejar de cumplir los deberes con unos menores a los que la ley española ampara, despreocupándose de la suerte que correrán a partir de ahora, como anunció ayer la consejera de Bienestar Social. Alguien podría exigir responsabilidades por incumplimiento de deberes.

Tampoco el Gobierno puede dejar sola a Melilla -ni a Ceuta- frente a un problema que sobrepasa su capacidad económica y de gestión y que tiene una dimensión política innegable. Marruecos debe hacer frente a sus responsablidades, haciendo más de lo que hace para evitar que entren menores indocumentados en las dos ciudades españolas, y el Gobierno español debe recordárselo por lo que le afecta. Y, desde luego, lo que el Gobierno no puede tolerar -de ser ciertas- son las prácticas de malos tratos, vulneración de derechos y expulsiones sumarias de menores denunciadas por la organización internacional Human Rights Watch en Melilla y Ceuta.