Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
REPORTAJE

Una herencia que provoca peleas

El Ayuntamiento de Málaga ha litigado en los tribunales con el Estado por la vieja prisión y el Campamento Benítez

Málaga
Los ayuntamientos andaluces han encontrado en la clausura de algunas sedes de instituciones del Estado, especialmente en las destinadas a albergar acuartelamientos y cárceles, excelentes expectativas para reequilibrar las ciudades y dotarlas de nuevos equipamientos e incluso obtener ingresos económicos por convenios urbanísticos. Pero el camino no ha resultado fácil. La especulación y la pugna por la propiedad han llevado a la aparición de no pocos conflictos entre las distintas administraciones, lo que se ha traducido también en que muchos de estos suelos permanezcan aún en desuso pese a que, en buena parte de los casos, quedaron libres hace más de una década.

La disputa por la propiedad y la reutilización de instalaciones y suelos públicos que han quedado en desuso depara una lamentable paradoja en Málaga. Los fondos del Museo de Bellas Artes llevan almacenados más de cuatro años en un desván de la Subdelegación del Gobierno por falta de sede, pero la ciudad dispone de más de 500.000 metros cuadrados libres que son propiedad de las administraciones, la mayoría de los cuales quedaron en desuso hace más de una década.

El asunto ha vuelto a ponerse en el candelero por el anuncio realizado por el Ministerio de Defensa de la salida a subasta pública de los terrenos que ocupó el Campamento Benítez, acuartelamiento que quedó libre de usos en 1998 y que ahora posee un enorme atractivo, como indica su precio de salida, un millón de euros. Se trata de una superficie de casi 300.000 metros cuadrados comprendidos en el área de actuación del Plan Bahía, proyecto de ordenación del litoral occidental de la ciudad, entre la desembocadura del Guadalhorce y el límite con Torremolinos. Está situado entre el trazado nuevo y el antiguo de la carretera N-340, y a menos de un kilómetro a la redonda tiene las playas de Los Álamos y Guadalmar, el aeropuerto y el complejo de ocio Plaza Mayor, así como el futuro puerto deportivo de Arrainjanal.

El anuncio de la subasta ha causado sorpresa en el consistorio, pues el equipo de Gobierno siempre ha asegurado que estaba en negociaciones con Defensa. Ambas instituciones reclaman para sí la propiedad del suelo, y el consistorio, que lo cedió en 1923 al Estado para cuartel de tropas, ha puesto un recurso contencioso-administrativo para, al menos, evitar la subasta pública.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga limita los usos posibles de los terrenos a recreativos, deportivos, alojamiento hotelero y colectivo y a posibles comercios relacionados con éstos, con una edificabilidad máxima de 0,30 metros cuadrados por metro cuadrado de superficie. Las masas arbóreas están además protegidas.

Pero el caso del Campamento Benítez no es el único pleito entre el Ayuntamiento y el Estado a cuenta de los suelos en desuso.

Una sentencia judicial reconoció en 1997 la propiedad municipal de los terrenos donde se levanta la antigua cárcel de Málaga, incluido sin embargo por el Gobierno en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios. El problema es que la sentencia reconoce el derecho a la propiedad del Ayuntamiento cuando el suelo deje de tener uso penitenciario, y desde que en 1991 se abrió la nueva prisión de Alhaurín de la Torre, sigue funcionando como centro para alojamiento de los reclusos que disfrutan del tercer grado, aunque en condiciones 'muy lamentables', según han denunciado reiteradamente los sindicatos.

El consistorio que preside Francisco de la Torre (PP) ha ofrecido a Instituciones Penitenciarias un suelo alternativo para construir un nuevo centro y destinar la vieja cárcel a equipamiento público de un barrio, el de Cruz de Humilladero, que en las estadísticas pasa por ser uno de los más densamente poblados de Europa.

El vicepresidente de la Diputación y portavoz municipal de IU, Rafael Rodríguez, explica que la peculiaridad de Málaga respecto a otras ciudades es que la mayoría de los terrenos que el Ayuntamiento dejó para uso de distintas instituciones estatales fueron cedidos y condicionados a la utilización que iban a tener, mientras que en otros casos la fórmula fue la venta, lo que ha facilitado luego que se firmen convenios urbanísticos para liberarlos a cambio de compensaciones en derechos urbanísticos en otras parcelas. Según el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, el problema es que en Málaga no se puede usar esta fórmula porque lo que se discute en los dos casos citados es la propiedad, y negociar compensaciones podría ser interpretado como un acto de prevaricación.

Aún hay más casos, como el cuartel de Segalerva, edificio de 30.000 metros cuadrados que hasta 1998 albergó los juzgados militares, o el Convento de la Trinidad, donde el Ministerio de Cultura proyectó ubicar el Museo de Bellas Artes, aunque la rehabilitación aún no ha comenzado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de mayo de 2002