La Fiscalía del TSJA abre una investigación sobre un posible fraude en las bajas de los funcionarios de Justicia

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido abrir diligencias informativas tras la denuncia presentada por el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, en torno a un posible fraude en las bajas laborales de los funcionarios de la administración de Justicia. 'Vamos a comprobar los hechos y ver cuál puede ser la responsabilidad penal', dijo el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón.

La fiscalía recibió ayer a mediodía el escrito de Emilio Calatayud en el que solicita que se investigue si existe fraude a las prestaciones sociales en las bajas laborales de larga duración de los funcionarios de Justicia. Calatayud decidió pedir esta investigación a raíz de 'los trastornos' que suponen para el funcionamiento de los juzgados las bajas laborales que superan los 18 meses de duración. También apuntaba en su escrito la posible 'descoordinación o descontrol' en los organismos encargados de gestionar tales bajas.

Las bajas de personas que están realmente enfermas y que, sin embargo, no solicitan la jubilación anticipada o la invalidez permanente imposibilita que sus plazas queden vacantes y puedan ser ocupadas por nuevo personal, lo que altera el ritmo de trabajo de los juzgados, que en la práctica pierden funcionarios a los que no pueden sustituir.

Otros casos son el de los interinos que deben cubrir temporalmente algunas bajas sin estar preparados para ello, o el de funcionarios que tienen al mismo tiempo plazas en dos juzgados, lo que da lugar, según el escrito de Emilio Calatayud, 'a la pluralidad de sueldos si la plaza de origen y la plaza de destino están cubiertas por interinos', mientras que los titulares prolongan sus bajas temporales por un periodo ' que en principio podría exceder el plazo legal'.

El fiscal jefe del TSJA señaló ayer a este diario que 'el escrito no está dirigido contra nadie en concreto' ni denuncia el estado de un juzgado determinado, 'pero sí alerta sobre una situación a la que hay que prestar atención y de la que debemos comprobar los hechos'. 'Hemos incoado diligencias informativas y estudiaremos el caso', señaló Jesús García Calderón. La descoordinación entre los organismos que gestionan las bajas -Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, Gerencia Territorial de Justicia, la Mutualidad General Judicial o la Unidad de Valoración de Incapacidades- puede generar, según Calatayud, 'situaciones que podrían rayar la ilegalidad' y provocar un trato discriminatorio contra el resto de funcionarios y trabajadores de la administración de Justicia.

A la petición del juez de Menores se sumó ayer el delegado de Justicia de la Junta en Granada, José Luis Hernández, quien señaló que hay funcionarios que 'verdaderamente abusan de las bajas'. Hernández se mostró dispuesto a colaborar en la investigación de la Fiscalía.