Los extranjeros regularizados no llegan al 2,5% de la población de Andalucía

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, se desmarcó ayer de la senda seguida por responsables gubernamentales que ligan el aumento de la delincuencia a la inmigración. 'Es un error criminal convertirlos a ellos en el problema', dijo. En Andalucía viven 164.194 extranjeros regularizados, que ni siquiera superan el 2,5% de la población. Perales destacó el aumento de un 28,6% en la escolarización de inmigrantes en el último curso.

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, aprovechó su comparecencia parlamentaria en comisión para informar sobre la aplicación del Plan Integral de la Inmigración para reclamar, una vez más, un pacto de estado para articular medidas que ordenen el fenómeno. 'La inmigración debe ser considerada un tema de interés general por todas las fuerzas', indicó.

Antes de hacer el llamamiento al consenso de las administraciones, Perales censuró que se atribuya el aumento de los delitos al incremento de inmigrantes, como están repitiendo en las últimas semanas diferentes integrantes del Gobierno.

En la primera evaluación sobre el Plan Integral de la Inmigración, destacó el aumento de la escolarización de inmigrantes, que ha crecido en un 28,6% respecto al curso anterior (2000-01), pero también la mayor implicación del profesorado en las actividades de formación para el alumnado extranjero.

Sobre los menores inmigrantes, el consejero señaló que el año pasado ingresaron 1.392 en los centros de primera acogida de la Junta de Andalucía. El titular de Gobernación hizo hincapié en la dificultad de cumplir todos los trámites para poner en marcha los procesos de devolución de los menores, que ni siquiera alcanza el 5%, y en el especial 'esfuerzo' público para integrarlos debido a su desarraigo familiar.

En su resumen, Perales desgranó las cifras más destacadas del plan como la distribución de 128.000 tarjetas sanitarias, la tramitación de 1.600 recursos administrativos por extranjería o las 1.697 plazas de alojamiento para temporeros. En la intervención el consejero destacó que hay materias donde el gasto previsto se ha sobrepasado notablemente como ha ocurrido en medidas dentro del ámbito sanitario. El plan integral, aprobado por el Gobierno andaluz en enero, está dotado con 306,3 millones de pesetas y estará vigente hasta 2004.

La intervención más crítica de los grupos parlamentarios correspondió a la representante del PP, Carmen Crespo, que criticó la 'falta de concreción' sobre infraestructuras provinciales para desarrollar el plan. Además, reclamó la sustitución del actual decreto de ayudas para construir alojamientos para temporeros por otro que incluya nuevas medidas y pidió la elaboración de un plan especial para Almería por su singularidad en materia migratoria.

La parlamentaria lamentó la insuficiencia económica del documento, su falta de comarcalización y su poca agilidad: 'Hay que adelantarse a lo que se pueda producir'. Perales señaló que el plan integral tendrá su desarrollo provincial y recordó que su departamento optó por elaborar un texto posibilista: 'Incluir cosas que no podemos cumplir era engañarle a usted y a los demás'.