Derechos y mejora de la protección por desempleo, ya

Celebramos este Primero de Mayo bajo el signo de la denuncia por la actitud prepotente del Gobierno del Partido Popular, que sigue empeñado en recortar los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Lamentablemente, el día del trabajador de 2002 coincide con una nueva agresión, esta vez contra los desempleados.

Desde UGT, un año más, reclamamos más y mejor calidad de empleo, en la medida en que ello se traduce en más y mejor calidad de vida. Pero, sin duda, no podemos obviar que topamos con el cúmulo de despropósitos erigido por el Gobierno del señor Aznar. En tan sólo un año ha impuesto una reforma laboral inútil y regresiva, ha firmado un mal acuerdo de pensiones, ha intentado desvirtuar el proceso libre y autónomo de negociación colectiva, ha premiado con más ventajas fiscales a los que más tienen y ahora pretende ensañarse con los trabajadores en paro, perjudicando al conjunto de la sociedad.

Es necesario que el señor Aznar retire el documento del paro y abra una negociación

España tiene uno de los niveles de cobertura de los más bajos de Europa

La reforma de la protección por desempleo que plantea dejará sin ayuda básica a más de 230.000 familias de desempleados de las zonas rurales más deprimidas de España, al suprimir el sistema de protección asistencial a los trabajadores del campo; transferirá a las empresas derechos de protección adquiridos por los trabajadores (España ocupa el cuarto lugar de la Unión Europea en cuanto al volumen en porcentaje del PIB de asistencialismo empresarial); abaratará el despido, al eliminar los llamados 'salarios de tramitación' en los supuestos de despido improcedente, y desnaturaliza las indemnizaciones laborales al acumularlas a las rentas del trabajador, con el objetivo de restringir el acceso al subsidio de desempleo.

Es necesario que el señor Aznar retire el documento que nos ha presentado a consultas, porque no va a obtener el plácet de las organizaciones sindicales, y que abra una auténtica negociación con el objetivo único de mejorar la protección por desempleo, porque ésta no es la finalidad de la proyectada reforma. Sólo quiere ahorrarse más dinero de las prestaciones por este concepto. Hay que recordar que el Inem ya tiene un superávit financiero que ascendía a más de 3.000 millones de euros entre enero y noviembre de 2001 (más de 500.000 millones de pesetas), montante que el Gobierno maneja a su antojo para satisfacer otras partidas, mientras mantiene importantes lagunas de protección.

España tiene uno de los niveles de cobertura más bajos de Europa, unas prestaciones cuyos periodos de protección son más cortos e insuficientes, y unos gravísimos desajustes entre las condiciones de acceso a las prestaciones y la realidad del mercado de trabajo. Por ello, la pretendida reforma es una nueva agresión contra aquellos que ya padecen la falta de trabajo (1.649.046 en marzo), con las consecuencias que ello acarrea, por lo que no merece sino el más absoluto rechazo social, que se traducirá en un conjunto de movilizaciones en todo el territorio nacional.

Hoy por hoy, nuestro país no es un ejemplo para la Europa que preside Aznar. Formamos parte del furgón de cola de la Unión Europea en aspectos claves como empleo, protección social, formación permanente, educación, investigación y desarrollo y servicios públicos que se facilitan a los ciudadanos. Y encabezamos el ranking europeo de paro, siniestralidad laboral (el 20% de los accidentes laborales de la Unión Europea son españoles), desigualdad social, ayudas del Estado a las empresas y altos precios de la vivienda y de servicios básicos como telecomunicaciones y gas.

Los niveles de bienestar europeos están cada vez más lejos porque no existe un proyecto político que nos lleve a converger con Europa. Es más, desde la Presidencia de la UE se ejerce de avanzadilla para recortar los derechos de los más débiles. Un buen ejemplo lo constituye la reciente reforma fiscal con la que se vuelve a premiar a los más ricos, que obtienen una rebaja 256 veces mayor que los que menos tienen.

Los sindicatos, junto con las organizaciones empresariales, hemos dado muestras de que el diálogo social es posible. El Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2002 es un claro ejemplo porque ha contribuido a mantener el consumo familiar, la contención de la inflación y el crecimiento económico para hacer frente a la desaceleración económica. El Gobierno, sin embargo, no está a la altura de las circunstancias.

A este paso, el señor Aznar superará, sin duda, la regresividad de Berlusconi que ha sido ampliamente contestada en su país. Y en la misma dirección de descontento social camina el Gobierno del PP, que ya ha colmado el vaso tras la reforma laboral del pasado año.

Los trabajadores saldremos este Primero de Mayo a la calle para exigir un cambio de actitud y de rumbo en la política social y económica, con el objetivo de converger en igualdad de derechos con Europa; una Europa que queremos más social, con predominio del bienestar, el equilibrio y la cohesión. Pero también reivindicamos en esta jornada internacional del trabajo un mundo en paz y sin desigualdades, construido sobre la base de la justicia y el respeto.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.