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Reportaje:

La directiva fantasma

Las 'pyme' europeas de 'software' ignoran los beneficios de patentar sus programas

Patricia Fernández de Lis

La directiva 2002/0047 está pensada, dice la Comisión Europea, para conseguir que la industria del software de la zona euro sea tan competitiva como la de EE UU. Pero esta directiva, que plantea que los programas deben ser patentables, ha suscitado las dudas de pyme europeas que creen que las dificultades que supone patentar puede empeorar su competividad frente a las multinacionales.

El Gobierno estadounidense ha reconocido, en varios informes sobre competitividad, que el mercado del software es uno de los que más han contribuido al crecimiento del empleo y la productividad del país en los noventa con, además, menores costes, ya que desarrollar programas es relativamente barato: Microsoft, la mayor compañía de software del mundo, invierte cada año 5.000 millones de dólares en I+D, pero aun así dispone de 3.000 millones en caja porque lo que hace es, básicamente, gastar en cerebros que diseñan millones de líneas de código informático al año.

En Estados Unidos, los programas de software están protegidos por patentes, que son pequeños monopolios que se otorgan a las compañías que los diseñan para explotar esa invención. Y éste es un buen negocio para algunas multinacionales. IBM ha obtenido en 2001 más de 1.500 millones de dólares por ventas y transferencias de propiedad intelectual, e ingresos por licencias y royalties.

En Europa, en cambio, el diseño de un código informático es casi arte. Es equiparable al de una obra literaria o musical, ya que está protegido por los derechos de autor, lo que significa que el creador puede reclamar derechos sobre la reproducción, transformación y distribución de sus obras, desde el mismo momento de su creación y durante toda su vida. Esta protección parecía suficiente. 'Nunca hemos tenido problemas de falta de protección con nuestros programas', dice Pablo Olabarría, miembro de la asesoría jurídica de Meta4. Ésta es, probablemente, la mayor compañía de software de España -ingresó 52,3 millones de euros el pasado año- y cotiza en el Nasdaq Europe. Pero Olabarría sí considera que una patente ofrecería mayor seguridad a la compañía, 'porque el programa sería más defendible y, además, podríamos traspasarlo o venderlo, como un activo más de la empresa'.

Éstas son algunas de las razones por las que la Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para que las invenciones en las aplicaciones de software sean tan patentables como lo son los inventos en el sector de la electrónica, la ingeniería, la biotecnología o muchas otras.

Multinacionales a favor

Las grandes compañías asociadas en BSA (Business Software Alliance, entre las que se encuentran Microsoft, Apple, Adobe o EDS) se han mostrado públicamente partidarias de esta medida, que permitirá la armonización de las políticas nacionales. En España, la patronal de compañías tecnológicas Sedisi está también a favor de la directiva. 'Esta medida servirá para poner a disposición de las medianas y pequeñas empresas de software un sistema de protección de sus innovaciones o invenciones técnicas', asegura Alfonso García Campo, asesor jurídico de Sedisi. 'La seguridad y protección que ofrece la patente actuará como un incentivo para que las empresas del sector de programas informáticos inviertan en su desarrollo e innovación, y puedan comercializar sus derechos mediante el otorgamiento de contratos de licencia', continúa.

Pero las pyme europeas no parecen conocer las consecuencias de esta directiva. La Comisión Europea, de hecho, puso en marcha una consulta pública antes de realizar el proyecto, y de las 1.433 respuestas que recibió, sólo una treintena era de las pyme que pretendría proteger; la mayoría de las respuestas fueron, además, contrarias a las patentes (véase cuadro). Las pyme españolas están aún menos concienciadas ante una ley que modificará su modelo de negocio en los próximos años. Entre las cinco consultadas por EL PAÍS, sólo una, Microdelta, tenía formada una opinión al respecto. El resto no sabía qué podía significar la directiva, ni qué consecuencias podía tener para ellas, aparte de un mayor coste económico para la obtención de la patente, y la investigación de otras antes de sacar al mercado sus programas. 'Patentar siempre es caro y complejo', confirma José Antonio Carnevali, del bufete Cremades & Calvo Sotelo. Olabarría se atreve a calcular un coste de unos 3.000 euros en solicitar la patente europea, otros 1.750 euros en el examen, 1.650 euros para la concesión, y entre 6.000 y 12.000 euros para las traducciones. 'Un excelente negocio para los abogados, pero no comprendo qué me aportará a mí', explica Jorge Huerta, director general de Microdelta.

Esta pyme, con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), ha diseñado una aplicación informática para el control de envíos de marketing por correo electrónico. Huerta explica que el software es casi una materia viva, mutante; su compañía transforma las líneas de código de sus programas al menos una vez a la semana. Así que la primera duda, que la directiva no aclara, es si deberá registrar cada modificación que realice. 'Podemos dedicarnos a hacer programas o a registrarlos, pero no a las dos cosas', dice. Otro problema para él es que no comprende la motivación de la patente, ya que, en software, innovar es condición sine qua non para hacer negocios, ya que es un mundo en que hay estudiantes que son capaces de crear programas que ponen en peligro industrias enteras (como hizo Napster con las discográficas). 'Yo modifico mis programas porque tengo que hacerlo. Patentarlos no me animará más', concluye.

Con Huerta están miles de estudiantes de informática y desarrolladores de software libre, una comunidad que crea y modifica programas informáticos cediendo sus código fuente -las instrucciones de construcción- y, por tanto, sus derechos de autor. Las compañías que realizan negocios en este ámbito no cobran nada por sus programas, aunque sí por su instalación y mantenimiento. José María Olmo, presidente de la compañía de software libre Ándago, asegura que esta directiva 'añadiría casi un 30% más de trabajo en registrar y comprobar los registros, y yo ya invierto un tercio de mis ingresos en I+D'. La polémica sigue en marcha ya que, aunque la directiva aún debe ser aprobada en cada país -Reino Unido y Alemania están a favor, Francia en contra, y España aún no se ha pronunciado-, las mayores posibilidades de las multinacionales para patentar antes que las pyme preocupan cada vez más. 'En la patente, el que llega primero es el inventor', confirma Carnevali.

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Sobre la firma

Patricia Fernández de Lis
Es redactora jefa de 'Materia', la sección de Ciencia de EL PAÍS, de Tecnología y de Salud. Trabajó diez años como redactora de economía y tecnología en EL PAÍS antes de fundar el diario 'Público' y, en 2012, creó la web de noticias de ciencia 'Materia'. Los fines de semana colabora con RNE y escribe, cuando puede, de ciencia y tecnología.

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