¿Ilegalizar Batasuna?

¿Hay buenas razones políticas para ilegalizar Batasuna? ¿Qué argumentos a favor y en contra de la ilegalización se pueden ofrecer? De acuerdo con el sentido común, éstas son las preguntas que deberían constituir el núcleo del debate público sobre el proyecto legislativo del Gobierno. Sin embargo, el propio Gobierno, cada vez más ensimismado, no ha sido capaz de ofrecer otro argumento que su buena voluntad y sus convicciones morales en la lucha contra el terrorismo. El presidente y sus ministros se contentan con amenazar, insultar y despreciar a los que muestren cualquier atisbo de duda o de perplejidad. Y en la sociedad el debate parece dominado por juristas o por aspirantes a tales: que si la iniciativa debería partir de 50 diputados o del fiscal, que si el caso lo debería juzgar una sala especial o no..., en fin, aspectos que mejor sería abordar una vez que se haya decidido si realmente hay suficientes motivos para contemplar la ilegalización de partidos que colaboren con una organización terrorista.

No está de más comenzar separando argumentos de principio, argumentos de conveniencia y argumentos de eficacia. Los argumentos de principio son los menos concluyentes, pues los límites de lo que cabe hacer desde las reglas de la democracia son siempre borrosos y por lo tanto hay opiniones para todos los gustos. Por eso, no me detendré apenas en ellos. ¿Puede una democracia, sin desvirtuarse demasiado, impedir que entre el 10% y el 15% de los votantes vascos vote a su opción preferida? Nadie tiene una respuesta definitiva a una pregunta tan difícil. Si la democracia es sólo un procedimiento para elegir representantes, cualesquiera que sean los métodos que estos representantes usen para hacer avanzar sus fines, no cabe impedir que algunos ciudadanos voten a partidos que luchan contra el sistema por medios ilegítimos. Pero si la democracia es algo más que un procedimiento, es decir, si también contiene ciertos principios sobre cómo se deben resolver los conflictos políticos y sociales, entonces no está claro que se deba permitir la existencia de partidos que violan esos principios, como cuando un partido coopera con una organización terrorista que asesina, secuestra, extorsiona y coacciona a los ciudadanos.

Siendo la cuestión tan vidriosa, se entienden mal todas esas actitudes firmes, tajantes y excluyentes de defensores y críticos del proyecto de ley. Para el Gobierno está clarísimo que quien critique o simplemente cuestione sus designios, o es un tonto o es un malvado; y lo mismo dicen los nacionalistas, sólo que al revés. Frente a esas certezas tan artificiales, vale la pena repasar algunos argumentos de conveniencia, que en esta cuestión son sin duda los más relevantes. Sería bueno tener alguna noción de cómo la ilegalización de Batasuna afectaría (I) a la política vasca, (II) a los seguidores de ETA y (III) a la propia ETA.

Sobre la política vasca, habría dos consecuencias distintas. Por un lado, si, como es razonable suponer, no todos los actuales votantes de EH optaran por PNV/EA, entonces el bloque de los constitucionalistas ganaría posiciones frente al bloque de los nacionalistas. Pero, por otro lado, la coalición PNV/EA se vería enormemente reforzada. Si mantenemos fijos los resultados de los partidos no nacionalistas en las elecciones de mayo de 2001, bastaría con que uno de cada cuatro votantes de EH votaran a PNV/EA (absteniéndose los otros tres) para que los nacionalistas no violentos obtuviesen 38 escaños, la mayoría absoluta (el PP pasaría a tener 20 escaños, el PSE 14 e IU se quedaría con 3). La posibilidad de un lehendakari no nacionalista se alejaría por tanto del horizonte inmediato. Siendo así, parece que el PP no está jugando con cálculos electorales, al menos por lo que se refiere al ámbito vasco.

En otro orden de cosas, el PNV podría encontrar más razones para moderarse y desprenderse de sus pretensiones soberanistas si no tuviese que competir con un partido más radical como Batasuna. Siempre se ha dicho que una de las causas de la famosa ambigüedad del PNV es la necesidad de atender simultáneamente a los flancos moderado y radical del nacionalismo.

En cuanto a los seguidores de ETA, su base social, muchos de ellos jóvenes, es muy difícil saber si van a radicalizarse todavía más y ganar mayor protagonismo, a través de sabotajes, de lucha callejera, o de cualquier otra forma similar de violencia, o por el contrario van a encontrar obstáculos que antes no tenían para seguir amedrentando a los no nacionalistas. La experiencia de la encarcelación de la mesa nacional de HB y del cierre de Egin demuestra que no son tan fieros como los pintan, o mejor dicho, que su fiereza es proporcional a la impunidad con la que actúan. La ilegalización de Batasuna sin duda reducirá las actuales cotas de impunidad en las que se mueven. Les resultará más costoso organizarse y movilizarse y se sentirán continuamente bajo el acoso del sistema democrático. Si gracias a la ilegalización muchos de los que viven amenazados en el País Vasco consiguen respirar más tranquilos, pues bienvenida sea la ilegalización.

¿Y ETA? A primera vista podría pensarse que la existencia de un partido legal como Batasuna puede facilitar en gran medida el momento de la disolución de ETA, cuando éste llegue. La posibilidad de que Batasuna negocie en nombre de ETA, o de que los terroristas se reciclen en políticos, desaparece si el partido queda ilegalizado. Sin embargo, este argumento sólo tiene en cuenta la fase terminal de ETA, pero no dice nada sobre cómo alcanzar dicha fase. La clave no es de qué manera tendrá lugar la disolución de ETA, sino más bien cómo forzarla o acelerarla lo máximo posible.

A estas alturas sabemos que ETA ya no aspira a doblegar al Estado con la sola fuerza de sus atentados. Con la tregua de 1998, ETA asumió que la causa independentista sólo puede avanzar con el concurso de todas las demás fuerzas nacionalistas. Desde ese año, el principal destinatario de sus mensajes ya no es el Estado, sino más bien el PNV, el partido que a juicio de ETA tiene la responsabilidad última de que continúe la lucha armada. La condición para una nueva tregua pasa por que el PNV se comprometa, con más seriedad y con más ambición que en 1998, a perseverar en la vía rupturista del Pacto de Lizarra. Para los terroristas, ésta es su última esperanza de conseguir algo antes de la derrota final. Si se esfuma dicha esperanza, probablemente ya no encuentren un solo motivo estratégico con el que poder justificar la lucha armada ante sus seguidores.

Pues bien, creo que la ilegalización de Batasuna podría ser un elemento esencial para que ETA se convenciera de que no hay posibilidad de repetir Lizarra. Si Batasuna desaparece del Parlamento Vasco, la unión de todas las fuerzas nacionalistas en pos de la independencia se vuelve mucho más precaria e incierta. De hecho, Lizarra habría sido imposible si EH no hubiese podido presentarse a las elecciones del otoño de 1998. En ausencia de un brazo político, ¿quién podría gestionar desde el mundo de ETA cualquier tipo de pacto o acuerdo que la organización terrorista suscribiese con los nacionalistas democráticos? En tanto que el paso de Batasuna a la clandestinidad consiga dificultar la creación de un frente nacionalista, ETA quedará más aislada y debilitada.

Hay por tanto un argumento de conveniencia muy poderoso que aconseja la ilegalización. No obstante, es imposible eliminar del todo las dudas sobre la efectividad de semejante medida. Lo sucedido con Jarrai, que sobrevive con constantes cambios de nombre, aconseja no depositar demasiadas esperanzas en el proyecto del Gobierno. Con todo, hay ocasiones en que merece la pena arriesgarse. Tras más de treinta años padeciendo atentados terroristas, y tras más de veinte años con HB en el panorama político, parece haber más razones a favor que en contra para arrinconar a ETA todo lo que se pueda dentro de los confusos límites del sistema democrático.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política.