El Gobierno regional impondrá una multa de 60.000 euros a las residencias de ancianos no autorizadas

El Gobierno regional impondrá una 'multa automática' de 60.000 euros a las residencias de ancianos que carezcan de licencia, según ha previsto el Gobierno regional en el anteproyecto de Ley de Calidad de Servicios Sociales, que detalló ayer en la Asamblea el secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales, Francisco Panadero.

El secretario general técnico explicó que, mediante el sistema que recoge el anteproyecto de ley, el Gobierno regional 'podrá intervenir contra estos centros no autorizados, a través de un proceso denominado suspensión de actividad, que se iniciará de oficio y en el que los plazos y las actuaciones están extremadamente acotadas, además de imponer una multa automática de 60.000 euros'.

En cuanto a las sanciones para los centros que cuenten con autorización, Panadero indicó que 'las sanciones leves y las graves se han duplicado' y que 'las muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros'.

Las faltas muy graves podrán además ser sancionadas con la prohibición del ejercicio de cualquier actividad empresarial social, la exclusión de la financiación pública, el cierre temporal o parcial y la posibilidad de que 'se publicite el nombre y hechos cometidos a través del Boletín Oficial de la Comunidad o de los medios de comunicación social', afirmó el secretario general técnico de la consejería.

Durante su comparecencia en la Comisión de Servicios Sociales, Francisco Panadero añadió que otra de las novedades que incluirá la futura ley, que afecta tanto a los centros públicos como a los privados, es que estos centros 'serán sometidos, al menos una vez al año, a una inspección y siempre que se presente alguna denuncia'.

El Gobierno regional cerró en septiembre del año pasado tres residencias privadas de ancianos, dos de ellas en Colmenar Viejo, propiedad del mismo dueño, y otra ubicada en la capital, en el distrito de Salamanca. Las dos primeras no cumplían 'las mínimas condiciones higiénicas ni de salubridad' y la tercera carecía de licencia y de permiso municipal.