El 8% de los valencianos vive con menos de 133 euros al mes

UGT denunció ayer el 'incremento de la desprotección social' que sufren las personas más desfavorecidas económicamente y reclamó la aprobación urgente de una renta básica de inserción que palíe las dificultades de este segmento de población. La secretaria para la igualdad del sindicato, Elvira Ródenas, recordó que según Cáritas hay 328.000 valencianos que viven con menos de 133 euros al mes (22.000 pesetas), el 8% de la población, un porcentaje que supera en dos puntos la media española.

La secretaria para la Igualdad del sindicato UGT, Elvira Ródenas, ilustró ayer con datos el avance que a su entender se está produciendo en la desprotección social que sufren los valencianos. Aludió al 8,2% de la población que subsiste cada mes con menos de 133 euros, unas 328.000 personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema, según un informe de Cáritas. Y señaló que este porcentaje es superior a la pobreza extrema que registra la media de las autonomías, que se encuentra en torno al 6,2%. La Comunidad Valenciana ocupa el quinto lugar, por detrás de Aragón, Ceuta,Melilla, Madrid, en población en pobreza extrema. A los 328.000 valencianos se suman otros 176.000 que viven en pobreza moderada, es decir, el 4,4% de los poco más de 4 millones de personas que pueblan la Comunidad.

Ródenas recordó que el 44% de los que viven con menos de 133 euros son menores de 25 años y detalló que las situaciones más desfavorecidas económicamente las padecen, junto a ellos, mujeres, inmigrantes y desempleados. Por distribución geográfica, las principales bolsas de población con dificultades se encuentran en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Ante este escenario, la responsable del sindicato pidió al Consell la puesta en marcha urgente de una renta básica de inserción que palíe la exclusión social a la que se exponen estas personas.

A este respecto, señaló que el anuncio del consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, de elevar a rango de ley la prestación económica reglada (PER), como recoge el Plan Integral de la Familia e Infancia, es una 'buena iniciativa', pero precisó que todavía no se han expuesto los detalles de la propuesta. Fuentes de Bienestar Social apuntaron que la intención es superar la forma actual de decreto del PER, -de acuerdo con un pacto entre el Gobierno central y los sindicatos alcanzado en 1991- y realizar, como en Cataluña y la comunidad madrileña, una ley específica.

Ródenas señaló que actualmente sólo una de cada cinco familias pobres recibe un salario social, del que están excluídos los inmigrantes, los sin techo o los transeúntes indocumentados, y que las subvenciones dependen de la capacidad presupuestaria. Por ello, reclamó que la futura ley sea universal para incluir a estos colectivos y que se dote al Consell de una cantidad económica suficiente. Además, insistió en que debería abarcar a todos los ciudadanos y superar la fórmula de los acuerdos concretos con los municipios, para evitar que los ciudadanos empadronados en ayuntamientos que no tengan un convenio suscrito con la Generalitat se puedan quedar fuera.