Huelga general en Italia contra la política laboral del Gobierno de Berlusconi
La huelga general tuvo un seguimiento masivo en la industria y en la Administración pública
Fábricas desiertas, puertos, estaciones y aeropuertos casi fantasmales, sucursales bancarias cerradas, escuelas vacías y ausencia casi total de diarios y de informativos en televisión. Éste fue el panorama que ofreció Italia ayer, durante la huelga general de ocho horas convocada por los sindicatos en defensa del derecho de los trabajadores a ser readmitidos en caso de despido improcedente. El éxito del paro fue incuestionable en las grandes empresas y en la Administración pública, con una participación de 13 millones de trabajadores, según los sindicatos, pero el pequeño comercio no se sumó a la huelga.
El pulso de la protesta contra las diferentes leyes que pretende aprobar el Gobierno de Silvio Berlusconi en materia laboral, fiscal y de seguridad social, entre otras, se pudo tomar en las calles de las 21 principales ciudades del país. Centenares de miles de trabajadores (dos millones, según los sindicatos) participaron en manifestaciones que se desarrollaron sin incidentes, en la mayoría de los casos. Sólo en Turín, grupos incontrolados aprovecharon las marchas sindicales para atacar una sede del partido de Il Cavaliere, Forza Italia, y un cuartel de carabineros.
La reacción del Gobierno a la primera huelga en 20 años que se desarrolla en Italia fue cauta. 'Ahora hay que regresar a la mesa de negociación', dijo el primer ministro, Silvio Berlusconi. 'Pero para dialogar se necesitan dos, y yo espero que se añadan incluso más'. Il Cavaliere subrayó, no obstante, la determinación del Gobierno de seguir adelante con las reformas. Francesco Rutelli, líder de la Margarita, el grupo centrista del Olivo, acusó a Berlusconi de 'estar dividiendo al país' con su política.
La ausencia de tráfico favoreció el desarrollo de las manifestaciones que recorrieron las principales ciudades de Italia. En Roma hubo cuatro marchas diferentes, y en una de ellas, organizada por la CGIL, participó el cineasta Roberto Benigni. Pero el centro de la protesta sindical se desplazó a Florencia, donde unas 400.000 personas, según los organizadores, recorrieron la ciudad portando banderas del sindicato CGIL y pancartas alusivas a la defensa del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. La manifestación concluyó con un mitin del secretario general de la CGIL, Sergio Cofferati, en el que defendió el carácter estrictamente sindical de la protesta. '¿Qué puede haber más sindicalista que la defensa de los derechos de los trabajadores y de las pensiones?', se preguntó Cofferati, que criticó al Gobierno acusándole de ser incapaz de hacer frente al bajo crecimiento económico.
Florencia fue, además, una de las ciudades en las que la huelga general se ajustó más a la fisonomía que se atribuye a un paro de estas características. Bares, tiendas y museos, incluido el museo de los Uffizi, permanecieron cerrados durante las ocho horas que duró el paro, y hasta los taxis se atuvieron exclusivamente a los servicios mínimos. La gran industria del norte y noroeste de Italia hizo honor también a la tradición de las luchas obreras del pasado y los establecimientos de la Fiat, Pirelli, Iveco, Electrolux Zanussi e Italcementi, pararon al 90%. Fuentes sindicales atribuyeron también un máximo de seguimiento a la huelga en el sector del transporte, desde el metropolitano hasta los ferrocarriles y aviones. Alitalia se vio obligada a cancelar centenares de vuelos nacionales e internacionales, y el flujo de ferries que une las islas con la península quedó reducido a menos de la mitad. El puerto de Génova quedó prácticamente paralizado.
La adhesión al paro fue prácticamente total en los medios de comunicación. La mayor parte de los diarios italianos no se imprimieron ayer, incluido Il Sole 24 Ore, propiedad de la patronal italiana, y no se renovaron los diarios on line. La televisión pública se limitó a ofrecer escuetos informativos sin imágenes, e incluso Canale 5, propiedad de Berlusconi, se atuvo al paro. En escuelas y oficinas sólo trabajaron los empleados que decidieron hacerlo a título personal, pero en las calles del centro de Roma no había comercios con los cierres echados.
El sindicato socialista UIL anunció en una nota que el número de huelguistas alcanzó los 13 millones de trabajadores. Una cifra considerada excesivamente ambiciosa por fuentes próximas al Ejecutivo, porque la población activa italiana es de 21 millones de personas, de las cuales sólo 14 son trabajadores dependientes. Según los datos ofrecidos por los técnicos que miden el consumo eléctrico, ayer se registró una disminución del consumo de un 20%, comparado con una jornada laboral normal, pero el consumo fue en todo caso superior al de un domingo.
Lo cierto, en cualquier caso, es que la huelga ha fortalecido la posición de los tres grandes sindicatos en su batalla contra la modificación del artículo 18, símbolo de la reforma que prepara el Gobierno, hasta el punto de que al paro se sumaron incluso dos sindicatos de derechas.
![Manifestación en la Piazza San Carlo de Turín en apoyo de la huelga general de ocho horas.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QLHOJILYZEPK6QXSFA3S3PO4JI.jpg?auth=2374cd43985f652e6b1548ea4b81025b2d7a1600a8358b7ebf32d1be22cbf8a6&width=414)
El polémico artículo 18
El Gobierno italiano de centro-derecha aprobó en noviembre un proyecto de ley para reformar el mercado de trabajo, que actualmente se encuentra en el principio de su trámite parlamentario.
Cuando la ley sea aprobada, el Ejecutivo podrá, entre otras cosas, limitar las garantías que ofrece a los trabajadores el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. Dicho artículo obliga a la readmisión de un trabajador despedido de forma improcedente.
Con la nueva ley, el Gobierno limitará los efectos de ese artículo -es decir, se podrá despedir con una indemnización y sin obligación de readmitir al trabajador- en tres casos: cuando la empresa que lo emplea pasa a tener más de quince dependientes; cuando el trabajador pasa de un contrato temporal a uno indefinido y, en el caso del sur de Italia, cuando se pasa de la economía sumergida a la legalidad fiscal.
La modificación se plantea de forma experimental por un periodo de cuatro años. El procedimiento es largo y complejo y debería desarrollarse paralelamente a las negociaciones con los agentes sociales. Sin embargo, los sindicatos abandonaron la mesa negociadora poco después del asesinato del asesor del Ministerio de Trabajo, Marco Biagi, el 19 de marzo pasado. La intención del Ejecutivo, tras la huelga general, es convocar a todas las partes a la mesa negociadora, pero el pulso se mantiene en torno al artículo 18.
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