Jóvenes estudiantes pagan hasta 400 euros al mes por una habitación

Entre 300 a 400 euros mensuales cuesta en Barcelona el alquiler de una habitación individual con derecho a compartir el resto de la vivienda. La escasez de la oferta y el consecuente aumento de precios (un 15,4% en los últimos 12 meses) obligan a multitud de personas, especialmente jóvenes, a menudo estudiantes extranjeros, a optar por esta modalidad de alquiler, que suele formalizarse mediante contratos presuntamente irregulares o sin ninguna validez legal. Unos 2.500 jóvenes se inscriben cada mes en la bolsa de alquiler de habitaciones de la Secretaría General de la Juventut y sólo unos 400 logran su propósito.

Cuando hace tres meses llegó a Barcelona para perfeccionar sus estudios universitarios, Luciana Brunelli apenas sabía unas palabras de español. Sus padres, en Brasil, creyeron que sería mejor que la joven alquilara una habitación en la vivienda de una mujer, también brasileña, que desde hace 20 años reside en la avenida del Tibidabo. El coste de la cama, el derecho a usar el baño y la comida diaria superan el promedio de un alquiler en Barcelona: 600 euros (100.000 pesetas) al mes.

Un estudio de la Cámara de la Propiedad de Barcelona sobre la evolución del precio de la vivienda en alquiler durante 2001 revela un incremento del 15,4% del precio medio en comparación con 2000 (de 448 a 517 euros). 'En Barcelona, una de las grandes capitales y con un mercado cada vez más abierto al mundo, la oferta de alquiler está totalmente congelada y no puede producir otra cosa que tensión en los precios', dice el informe.

La constante llegada de inmigrantes, estudiantes y trabajadores, a la ciudad es la causa de estas subidas. Pero no sólo estos colectivos tienen dificultades para acceder a un piso, sino también los ciudadanos con las rentas más bajas o sin garantías personales. Así se dice en el estudio de la cámara: 'Las primeras víctimas del desajuste por la falta de oferta y la demanda creciente son los sectores sociales con bajo nivel de renta. Si no se vuelve a un equilibrio, las políticas sociales tendrán que amplificarse por el creciente incremento de precios'.

Odisea

Conseguir piso constituye una odisea para los que deciden alquilar en Barcelona. En la búsqueda pueden encontrarse con precios inflados, agencias que cobran 210 euros por suministrar información que no siempre es verídica o la exigencia de depositar una garantía equivalente a seis meses o un año de alquiler. También se les pueden exigir altas comisiones por las gestiones o que posean un contrato de trabajo estable con una antigüedad mínima de un año. Cada vez son más las personas que no reúnen estos requisitos. La alternativa es arrendar una habitación y compartir el baño, la cocina y otros sectores de la vivienda con desconocidos, a un alto precio y a veces sin contrato legal.

La directora de Habitatge Jove, de la Secretaría General de la Juventud, Maite Soler, explica que unos 2.500 jóvenes, de 18 a 35 años, se inscriben cada mes en el servicio de bolsa de habitaciones y sólo 400 consiguen un lugar. Afirma que el arrendamiento en vivienda compartida está en aumento y que el principal inconveniente para los jóvenes que quieren independizarse de su familia es contar con un empleo estable, aunque este requisito puede sustituirse por el aval de los padres.

'Otros factores que condicionan el mercado de arrendamiento', señala Soler, 'son la carencia de productos de alquiler, la falta de incentivos fiscales para los propietarios y el hecho de que haya 18.000 viviendas pendientes de rehabilitación que no pueden ser habitadas'.

Daniel Horacio, un estudiante argentino de 29 años, se topó con distintas complicaciones para alquilar un piso. 'Me han pedido hasta un año de pago adelantado', recuerda. Un aviso en la web oficial de la universidad catalana donde estudia lo llevó a una agencia. Allí recibió la oferta de compartir una vivienda en L'Hospitalet de Llobregat con otras tres personas, con un coste de 300 euros al mes por la habitación. Para lograr el alquiler de la habitación debía abonar 600 euros -cifra equivalente a dos meses de alquiler- en concepto de fianza y otros 150 por gastos de contrato. En total, pagó más de mil euros (166.000 pesetas) para poder disponer de un espacio individual de apenas nueve metros cuadrados.

El acuerdo que firmó Daniel con la agencia está expresamente 'excluido de todos los efectos del régimen legal de la Ley de Arrendamientos Urbanos', por tratarse de un subarriendo de temporada, como se aclara en el documento. Los recibos otorgados en concepto de pago de la habitación son un simple papel escrito en ordenador, sin validez legal ni fiscal y con el único detalle del mes y el coste del alquiler.

El arrendamiento de habitaciones esta viciado de cláusulas abusivas. Quienes con suerte y se supone que el dinero suficiente logran una habitación en una vivienda compartida no pueden retrasarse en el pago más allá del tercer día del mes, a menos que estén dispuestos a abonar una cifra adicional equivalente al 3% del precio de la habitación por cada día de retraso. El propietario o inquilino legal de la vivienda, resida o no en ella, se reserva el derecho de acceder al piso cuando quiera y cuantas veces lo desee.

Las condiciones del alquiler estipulan también que cualquier desperfecto en la vivienda debe ser pagado por quien lo cause. A veces se prohíbe fumar en los espacios comunes y en ocasiones incluso se establece un horario de entrada y salida.

La oferta de habitaciones en alquiler ocupa ya un apartado específico en los anuncios inmobiliarios. Las ofertas de arrendamiento compartido se dan tanto en las zonas con mayor valor inmobiliario (Eixample, Sarrià, Les Corts) como en los barrios alejados del centro (Nou Barris, Zona Franca, Sant Andreu).

Los precios oscilan entre 180 y 600 euros por persona, una cifra elevada en comparación con los 517 euros de promedio en que la Cámara de la Propiedad estima que cuesta alquilar un piso en Barcelona. Pero las exigencias no se refieren sólo a los aspectos económicos. En muchos anuncios se declara la preferencia por 'estudiantes que no beban' o por 'señoras serias y trabajadoras'. En este perfil encaja la portuguesa Filipa Leita, que, cansada de buscar una vivienda al alcance de sus ingresos, tuvo que conformarse con ocupar una habitación en un piso compartido con otras personas en el Raval. El acuerdo con el propietario, de origen sirio, fue sólo de palabra. 'No firmé contrato ni me entregaron recibo', dice Filipa, convencida de que fue un arreglo fuera de la normativa y sin derecho a reclamaciones.