Enron paraliza la auditoría española

La onda expansiva de la quiebra de Enron ha colocado al sector de la auditoría en una situación crítica. Se ha llevado por delante a Andersen, uno de los grandes jugadores, y amenaza la credibilidad de toda la profesión al cuestionar la independencia que tiene un auditor con respecto a sus clientes. Mientras en Estados Unidos las autoridades se han puesto a trabajar para evitar que el caso se repita, en España la parálisis legal y empresarial se ha apoderado del mercado.

López Combarros considera que de no haber sido por el escándalo, la Unión Europea ya contaría con una propuesta común

El negocio de auditoría mueve en España 712 millones de euros y la mitad de los dictámenes de 2000 fueron de carácter obligatorio

El mercado de auditoría español sufrió el impacto de los graves escándalos financieros que las sociedades auditoras no detectaron -Torras, Banesto, PSV, Gescartera- y necesitaba de un cambio urgente para resolver sus problemas legislativos y empresariales: separación de negocios de auditoría de los de consultoría y legal, imposición de normas estrictas de rotación de empresas, operaciones de fusión o compra entre firmas para abandonar el modelo de partnership, definición de normas estrictas de responsabilidad frente a inversores y accionistas, creación de un colegio profesional único, las relaciones entre auditor y auditado... Precisamente los graves problemas de funcionamiento que explicaban las dificultades de los auditores para analizar la contabilidad fraudulenta.

El escándalo Enron y el estado catastrófico de disolución de su auditor, Andersen, ha sorprendido a las autoridades españolas en pleno debate sobre un nuevo marco legal para las auditoras. El resultado, por el momento, es frustrante: el borrador de la nueva ley de auditoría está paralizado, el referente empresarial de Andersen, más integrado que el franquiciado está en cuestión y la administración se inhibe, con el pretexto de que la Comisión Europea debe concluir una recomendación sobre la reformas de las normas de auditoría.

La reforma de la ley de auditoría de 1988, defendida por las tres corporaciones que agrupan a los auditores (censores de cuentas, economistas, titulados mercantiles), y pendiente desde la pasada legislatura, está hoy paralizada. En parte, por la incapacidad de los auditores de unirse en una única corporación, pero también a la espera de lo que diga Bruselas.

La UE lleva trabajando alrededor de dos años en ese documento, encaminado a reforzar la independencia del auditor, explica José Luis López Combarros, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), un organismo del Ministerio de Economía. El borrador establece la limitación del tiempo que un mismo auditor las mismas cuentas, la obligación de detallar las cantidades que cobra por servicios distintos, o la prohibición de implantar a sus clientes de auditoría grandes sistemas informáticos.

López Combarros considera que de no ser por Enron, el documento estaría aprobado. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE han vuelto sobre el tema este fin de semana en Oviedo, pero están pendientes de lo que se apruebe en EE UU, asegura.

'Corremos el peligro de actuar como un péndulo e ir ahora a una sobrerregulación del sector', advierte un socio de una de las grandes firmas. De hecho, la mayoría de los auditores defiende desde hace años una mayor autorregulación. Pero incluso los defensores de este principio reconocen que 'no es el momento oportuno'.

El negocio de auditoría mueve en España 712 millones de euros, según un estudio de la consultora DBK, que incluye servicios financieros que las firmas facturan a sus clientes. Los últimos datos oficiales del ICAC, de 2000, dejaban esta cifra en 379,71 millones de euros. De las 42.493 auditorías que se hicieron ese año, más de 27.000 fueron obligatorias.

Se trata pues de un mercado maduro, concentrado -de las 887 firmas que enviaron datos al ICAC, sólo siete facturaron los 6 millones de euros y las cinco grandes controlan el 64,6% del mercado, según DBK- y dividido por corporaciones.

Su principal problema ahora es, sin embargo, de credibilidad porque si un auditor puede dar el visto bueno a unas cuentas ficticias, destruir papeles que le relacionan con el caso y confesarse autor de un delito de obstrucción a la justicia es que algo no funciona.ç

La connivencia de Andersen con el gigante energético, hoy en quiebra, es algo más que un error humano y por eso ha tenido consecuencias, en Estados Unidos y fuera. La más directa es la desaparición de un jugador: PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, Ernst & Young y KPMG se han quedado solos tras participar en el reparto de Andersen. En España, los arturos, liderados por Carlos González, han escogido a Deloitte, que preside Miguel Zorita.