Absuelto de presunta estafa un ex alto cargo regional del PSOE

La Audiencia de Madrid ha absuelto a cinco personas -entre ellas el que fuera director general de Obras y Proyectos de la Comunidad con gobierno del PSOE, Ramón Valls- de los delitos de falsedad documental y estafa en tres obras que el Gobierno regional adjudicó a la empresa Construcciones Atocha. Según la sentencia, 'los indicios existentes no son suficientes y existen contraindicios'. Los otros absueltos son dos arquitectos -Eduardo de Antonio y Carlos Collado-, el entonces consejero delegado de Construcciones Atocha, José Rey, y Dionisio Silla, a la sazón representante de esta sociedad anónima. La fiscal solicitaba para todos ellos entre seis meses y seis años de cárcel.

La sentencia, contra la que cabe recurso, explica que en abril de 1990 la Consejería de Sanidad y la empresa Construcciones Atocha firmaron el contrato de ejecución de las obras de rehabilitación de un centro de salud en Villarejo de Salvanés. En diciembre de ese año el director de los trabajos, Eduardo de Antonio, emitió una certificación de acopios de material por importe de 44 millones de pesetas, la cual, según el fiscal, 'no correspondía con la realidad, al resultar inexistentes' [los materiales]. Dicha certificación, según agrega la sentencia, fue firmada por Valls.

El tribunal establece que en enero de 1991, a solicitud de Construcciones Atocha, la compañía Seguros Albia prestó un aval de acopios por los 44 millones, que fueron abonados por la Comunidad a la empresa, y en mayo del mismo año se produjo la suspensión de pagos de esta empresa. Posteriormente, la sociedad cedió la obra a otra empresa y la Comunidad fue autorizada a resarcirse del importe pagado mediante ejecución del aval prestado por Seguros Albia, que presentó una querella.

La sentencia concluye que 'no consta, como sostienen las acusaciones, que [Ramón Valls, ex director general de Obras] visara las certificaciones conociendo que no existían acopios y mucho menos en connivencia con constructores y arquitectos'. 'No ha quedado acreditado que los acopios objeto de las certificaciones existieran efectivamente [...], pero tampoco que no lo estuvieran en ninguno de los tres casos', afirma la sala.