Multa a la gran banca por concertar la defensa en un fraude con tarjetas

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha decidido multar con 4,8 millones de euros (800 millones de pesetas) por realizar acuerdos entre competidores que atentan contra la libre competencia en un caso de lucha contra el fraude de tarjetas de crédito, según fuentes cercanas al caso.

Los afectados en este caso son el Santander Central Hispano (SCH), el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), La Caixa, Banco Popular, Caja Madrid, Caixa Catalunya, Banco Sabadell, Banco Atlántico, así como a las tres sociedades emisoras de tarjetas: 4B, Euro 6000 de las cajas de ahorros y Sermepa. Cada una de las entidades deberá pagar 300.000 euros, excepto los dos grandes bancos y las tres sociedades emisoras de tarjetas, cuya multa asciende a 600.000 euros.

Sospechas de fraude

El caso se remonta a 1999, cuando los tres sistemas emisores de tarjetas retiraron el servicio a un comercio por ser sospechoso de cometer fraude continuado. Las entidades financieras, a través de sus sistemas emisores de tarjetas, estudian las incidencias de fraude con tarjetas de crédito en cada comercio. Cuando se comete un elevado número de ellos, se realiza una investigación por si pudiera haber colaboración del comercio en cuestión. Si las pesquisas se confirman, se expulsa al comerciante de los tres sistemas de pago, ya que la colaboración entre ellos es absoluta. Cada año se producen unos 200 casos de este tipo.

En 1999, un comerciante expulsado denunció a los emisores de tarjetas ante los tribunales ordinarios. Tras varios recursos, perdió el caso en la Audiencia Provincial de Madrid. Posteriormente lo envió al Tribunal de Defensa de la Competencia. En primera instancia lo estudió el Servicio de Defensa de la Competencia, que resolvió que se habían vulnerado tres artículos de la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, explicó que, siguiendo las directrices de la Comisión Europea, que aconseja la colaboración entre empresas competidoras cuando se trata de lucha contra el fraude, recomendaba no imponer multa. El servicio sugería a las entidades financieras que pidieran un 'autorización singular' para continuar actuando de esta manera.

El informe del servicio pasó al tribunal, y hace unos días emitió su informe. Según el vocal del tribunal Francisco Javier Huertas Trolez, los bancos, cajas de ahorros y emisoras de tarjetas vulneraron la libre competencia por realizar acuerdos entre ellos y deben ser multados. Huertas no ha tenido en cuenta los atenuantes expuestos por su propio Servicio de la Competencia y ha impuesto un dura sanción económica.

A los afectados les ha sorprendido la resolución por dos razones. En primer lugar, por la fuerte cuantía de la sanción, así como porque no haya tenido en cuenta las razones expuestas por la propia Comisión Europea. Esta institución tiene abundantes sentencia en las que entiende que cuando se trata de atajar el fraude deben autorizarse pactos entre competidores.

Todos los afectados preparan sus alegaciones para recurrir esta sentencia del Tribunal de Defensa de la Compentecia.