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El Gobierno catalán exige a Lear que presente un plan social antes de autorizar 928 despidos

El consejero de Trabajo reclama alternativas a la empresa para paliar el cierre de Cervera

Franco aclaró que no ha tenido tiempo de examinar con detalle el extenso documento presentado por la empresa -que consta de más de 500 páginas- y señaló que, una vez realizada una primera evaluación del mismo, la autoridad laboral ha observado algunas irregularidades formales que si no se corrigen impedirán que el expediente prospere.

En concreto, el consejero se refirió a la inexistencia de un plan social para paliar al máximo las consecuencias de una decisión empresarial que comportará el despido de más de 1.200 trabajadores, incluyendo los empleados eventuales. Este plan debería prever medidas sociales y propuestas para recolocar a las personas afectadas.

El responsable de Trabajo del Gobierno catalán explicó que 'el plan social es muy importante en el momento de presentar un expediente de estas características'. 'Si no lo aporta', precisó, 'no puede prosperar nunca'. Además mencionó otros defectos referidos a la documentación económica. La empresa ha presentado las cuentas de resultados y los balances contables en fotocopias, cuando la normativa exige que se aporten los documentos originales.

Franco afirmó que intentará facilitar un acuerdo entre la dirección de la empresa y los trabajadores durante la negociación del expediente, y que si ha de intervenir será muy estricto a la hora de hacer cumplir la normativa y en la defensa del derecho de los trabajadores. Para justificar el cierre, Lear aseguró que la planta de Cervera acumuló pérdidas de 1,32 millones de euros (220 millones de pesetas) en 2001 y de 2,09 millones de euros en 2000, aunque los sindicatos Comisiones Obreras y UGT siempre han cuestionado la veracidad de estos datos.

El expediente de regulación presentado por Lear 'por razones económicas, organizativas y productivas' afecta a 928 trabajadores fijos -748 mujeres y 180 hombres-, aunque el cierre de la planta dejará sin empleo a más de 1.200 personas. La empresa y los sindicatos disponen de un mes para negociar las condiciones de los despidos. Lear ofrece la recolocación de 170 empleados en las otras factorías que tiene en España y una indemnización de 45 días de sueldo por año trabajado en caso de que los sindicatos acepten el expediente de regulación. El comité de empresa reclama un mínimo de 2.300 euros por año trabajado, cantidad equivalente a una indemnización de 70 días por año.

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