Un abogado de Málaga va a prisión por vender a rumanas contratos falsos

Un abogado y un informático ingresaron en prisión el martes acusados de crear una sociedad fantasma que hacía contratos de trabajo falsos a inmigrantes extranjeras para legalizar la situación en España. La red -formada por cuatro personas más que también fueron detenidas, pero quedaron en libertad- cobraba unos 1.000 euros por fingir una relación laboral entre una empresa de limpieza inexistente y las mujeres, que en realidad eran explotadas sexualmente.

Ambos están imputados por un delito contra los derechos de los trabajadores inmigrantes y otro de falsificación. La policía estima que la trama ahora desarticulada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificaciones (UCRIF) dio cobertura legal a unas 40 inmigrantes. De hecho, detectó 17 contratos falsos y otras tantas solicitudes de trabajo y residencia presentadas por Limpiala SL, sociedad que no constaba en el Registro Mercantil y que según la comisaría fue creada 'exclusivamente para estos desaprensivos fines'.

El letrado Francisco Javier F. P., de 30 años, continúa en prisión. Según trascendió, tanto ante la policía como ante el juez se acogió a su derecho a no declarar. En cambio, Eduardo José R. P., de 29, fue puesto ayer en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros. Este acusado, que era el administrador único de la empresa, se declaró inocente ante el juez al afirmar que 'desconocía lo que hacía el abogado'.

La tercera persona procesada en el caso es una mujer rumana, Rica Nicoleta M, de 26 años, a quien se le imputa un delito de falsificación. Al igual que el administrador único de la empresa, se declaró inocente al sostener que contrató a un abogado que le tramitara los papeles, pero que ignoraba su actuación irregular. Fuentes de la investigación dijeron que esta mujer fue 'más víctima que delincuente'. El martes, tras prestar declaración, quedó en libertad sin fianza con la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

Los otros tres detenidos también están libres, aunque ninguna fuente pudo confirmar su situación procesal. Según trascendió, Carlos I. O, de 30 años, Silvia P. G., de 25, y Samuel G. A., de 20, supuestamente 'prestaban' sus nombres para que el abogado simulara contratos con la empresa de limpieza.

La trama fue descubierta a raíz de otra investigación por el tráfico de mujeres rumanas para su explotación sexual. En esas pesquisas, la policía detectó que muchas inmigrantes que ejercían la prostitución mostraban resguardos de haber solicitado permiso de trabajo y residencia en claro fraude de ley porque incumplían los requisitos exigidos. Los agentes profundizaron la investigación porque la mayoría estaba contratada por la misma empresa de limpieza, con sede en Málaga. Fue entonces cuando constataron que se trataba de una sociedad ficticia.