El fraude en la apertura ilegal de guarderías lleva al Consell a extremar el control de las ayudas

La investigación de los técnicos municipales de la Oficina del Cheque Escolar de Valencia -que destapó en enero pasado la existencia de 59 guarderías sin licencia municipal, 102 sin autorización de Educación y 42 con expedientes sancionadores- ha forzado al Consell a extremar las medidas de control de las ayudas públicas a entidades privadas presupuestadas en 2002 para educación infantil de 0 a 3 años. Por primera vez, la convocatoria de 1.805.440 euros del 25 de marzo exige tener licencia de apertura de la consejería, profesionales con titulación e infraestructuras didácticas aptas.

Las tres direcciones territoriales de Educación, según la convocatoria de ayudas del 12 de marzo publicada el pasado 25 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tienen la obligación de 'excluir de la convocatoria' a las instituciones que 'no hayan solicitado a la Consejería de Educación autorización para convertirse en centros de educación infantil de primer ciclo'; y a aquellas cuya titularidad corresponda a 'personas físicas, comunidades de bienes, sociedades mercantiles, cooperativas o cualquier entidad que no reconozca en sus finalidades la inexistencia de intención de lucro'. También estarán excluidas 'las fundaciones laborales de empresas privadas que se dediquen a la atención exclusiva a los hijos de los empleados'; así como 'las instituciones promovidas por cajas de ahorro'.

En la Comunidad Valenciana existen -según dos informes de CC OO y del PSPV- '1.100 ludotecas o centros de recreo totalmente privados y sin regular'. El resto se reduce a 32 centros públicos de la Generalitat Valenciana, dependientes de Educación; 87 centros gestionados por Ayuntamientos; 36 escuelas infantiles dependientes de congregaciones religiosas, cooperativas o fundaciones subvencionadas por Bienestar Social y 70 guarderías privadas homologadas y adaptadas a la LOGSE, además de las cinco creadas por cajas de ahorro y entidades privadas.

La novedad de esta convocatoria anual promovida por el consejero Manuel Tarancón es que se busca romper con la tradición de concertación con centros privados, religiosos y próximos al Opus Dei impulsada entre 1997 y 1999 por el ex consejero de Educación Francisco Camps y trata de corregir o revertir los desajustes sociales provocados por esta política de concertaciones, que generó que barrios como La Saidia en Valencia no tengan ni una sola plaza de oferta pública.

Zonas de acción preferente

Para ello, exige también para quienes quieran acogerse a las ayudas públicas 'no haber obtenido financiación para esta etapa por otros conceptos [haber recibido ayudas de Hacienda por ser guarderías laborales o de Educación por estar concertados]' y se prima el hecho de 'estar ubicados en Barrios de Acción Preferente'.

El Consell será especialmente duro en fiscalizar los pagos tributarios y de Seguridad Social -como ya hizo a raíz de la salida la luz en 1999 del escándalo de los conciertos a centros educativos privados investigados por el Ministerio de Trabajo por fraude fiscal como el caso del María de Icíar, que adeudaba más de 100 millones de pesetas - y en garantizar que el personal laboral tenga las titulaciones correspondientes. Pero, además, los centros deberán aportar todos los datos relativos a 'instalaciones y condiciones materiales del inmueble, mobiliario y material didáctico del centro, ratio educador/alumno, titulación y horario del personal, número de alumnos con discapacidades y servicios completarios disponibles en el centro'.

Este giro en la política del Gobierno de Eduardo Zaplana se produce después de que técnicos municipales de la capital de Valencia detectaran un sinfín de irregularidades -que habían sido reiteradamente denunciadas por los sindicatos CC OO, STEPV y UGT- en el funcionamiento de estas entidades privadas, que terminó con la apertura de expedientes por parte de la Jefatura de Servicios a 42 centros en mayo de 2001 por 'no adecuarse a los estrictos criterios del real decreto 1004/91'.