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Rechazado el 65% de las peticiones de regularización de inmigrantes

Interior atribuye a las redes ilegales que el 35% de las solicitudes sean de paquistaníes o indios

El último proceso de regularización de inmigrantes en Barcelona se ha saldado con la denegación del 65% de las 42.612 solicitudes presentadas. Una de cada cuatro solicitantes era paquistaní. ¿Hay en la provincia de Barcelona más de 15.000 paquistaníes en situación irregular? La Delegación del Gobierno está convencida de que no y atribuye a la existencia de redes ilegales de inmigración el alto número de solicitudes de este colectivo. De las 15.566 peticiones de ciudadanos paquistaníes, indios o bangladesíes presentadas se han rechazado 13.283. Es decir, el 85,3%.

El plazo para acogerse al último proceso extraordinario de regularización finalizó el 1 de agosto, cuando entró en vigor el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. Después del llamado Acuerdo de Barcelona, alcanzado tras el encierro de los inmigrantes en las iglesias y que luego se hizo extensivo al resto de España, se podían regularizar las personas que residieran en España antes del 23 de enero de 2001 o quienes tuviesen una oferta de trabajo.

En ese plazo, llamado proceso de arraigo, se presentaron en la provincia de Barcelona 42.612 solicitudes y fueron denegadas 27.610, lo que representa el 64,8%. Pero más allá de las cifras generales, las particulares resultan relevantes. Por ejemplo, que una de cada cuatro solicitudes (11.007) correspondiera a un ciudadano paquistaní o que una de cada diez la hubiera presentado un indio (4.052). Las cifras son sorprendentes si se tiene en cuenta, por ejemplo, que toda la comunidad paquistaní censada en la provincia de Barcelona a finales del pasado mes de febrero era de 10.211 personas y que la india apenas llegaba a las 2.500.

Un portavoz del Ministerio del Interior atribuye a las redes de inmigración ilegal la presentación de centenares de solicitudes caracterizadas porque o bien no cumplían el más mínimo requisito o porque iban acompañadas de decenas de documentos fotocopiados que en la práctica no servían para casi nada. Por ejemplo, la carta de un supuesto líder de la comunidad hindú que aseguraba que él avalaba la regularización de 1.500 paisanos. Además, la inmensa mayoría de esas solicitudes se presentan por fax, en los registros oficiales, o a través de un servicio de mensajería.

Esas redes, según Interior, han superado ya el ámbito local y actúan en cualquier país europeo en cuanto se sabe que se abre un proceso extraordinario de regularización. Hace unos años fue en Bélgica y recientemente en Italia. El precio por lograr la regularización en un país de la UE es de unos 6.000 euros (un millón de pesetas). Si falla, como ocurre en la mayoría de los casos, se intenta la entrada ilegal siguiendo la ruta Pakistán-Bielorrusia-Rusia-Polonia-Alemania. Y de allí, como ya es territorio del Tratado de Schengen, cualquier país de la UE.

Fuentes de la subdelegación del Gobierno en Barcelona aseguraron que en las primeras semanas del plazo se presentaron unas 7.000 peticiones de personas que realmente estaban viviendo en la ciudad y que cumplían los requisitos, principalmente de países hispanoamericanos. En esos casos, la proporción de peticiones de regularización aceptadas es de tres a una. Por ejemplo, se presentaron 3.543 solicitudes de ciudadanos de Ecuador, de las que sólo fueron rechazadas 862. En el caso de Colombia, se denegaron 639 de 2.536 peticiones. Lo mismo ocurre con Argentina, con 600 peticiones cursadas y 154 denegaciones.

Por lo demás, las cifras oficiales evidencian importantes diferencias entre la inmigración de Barcelona y la de Madrid. En esta comunidad la mitad de las ofertas presentadas para regularizarse en España eran de trabajo doméstico. En Barcelona suponían sólo el 5%, es decir, 10 veces menos. A partir de ese dato, se explica que el 58% de la peticiones de inmigración tramitadas en Madrid fuesen de ciudadanos hispanoamericanos, mientras que en Barcelona domina la inmigración árabe y oriental.

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