El Defensor del Pueblo Europeo investiga una queja sobre Itoiz

La Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, Jacob Söderman, ha decidido abrir una investigación por la negativa de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea a atender una petición de la Coordinadora de Itoiz para que enviase a la zona a técnicos independientes de protección civil que determinen si existen o no riesgos de seguridad en la obra del embalse navarro.

La intervención de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo fue solicitada en el mes de noviembre de 2001 por los abogados de la coordinadora ecologista por lo que consideran deficiente gestión por la Comisión de su queja. El Defensor notificó el pasado 19 de febrero a los letrados que ha decidido 'iniciar una investigación' con respecto a la reclamación. En concreto, Jacob Söderman dice en su texto que 'el análisis de la queja está en curso'.

Ante el Defensor, la Coordinadora de Itoiz alegó que la negativa a enviar un equipo de técnicos independientes de protección civil vulnera 'indebidamente' las previsiones de la Decisión 1999/847/CEE del Consejo de 9 de diciembre, por la que se creó un programa de acción comunitaria a favor de la protección civil.

Las dudas sobre la seguridad de la obra se pusieron de manifiesto por vez primera en un informe técnico oficial del año 1989 de la empresa Intecsa, que advirtió sobre los riesgos de deslizamiento de la ladera izquierda sobre la que se asienta el dique principal del pantano.

El informe permaneció oculto durante años, hasta que fue dado a conocer por la propia Coordinadora de Itoiz. Desde ese momento, los contradictorios informes sobre la seguridad de la presa principal han sido realizados o por los promotores de la obra o por técnicos contratados y pagados por la Coordinadora, a los que nunca se permitió el acceso a los terrenos del embalse. Para contar con datos técnicos independientes, la Coordinadora reclamó la intervención de la UE.

Alessandro P. Barisich, jefe de unidad de la dirección de Protección Civil europea, remitió el 12 de febrero de 2001 un escrito de contestación a las peticiones del grupo ecologista en el que señalaba que 'la movilización de expertos' europeos 'no está prevista sino en caso de producirse una situación de emergencia, con el fin de reforzar el sistema establecido por las autoridades de un Estado miembro o un tercer país que se enfrenta a una catástrofe natural o tecnológica'.

Barisich añadía que 'por consiguiente, esta movilización sólo podría ser considerada después de producirse una catástrofe, lo que no es el caso. Por ello', concluía el responsable técnico europeo, 'esta solicitud no puede ser atendida'.

La Coordinadora antipantano estima que esta interpretación de la UE es 'condenable' ya que 'no hace otra cosa sino evidenciar que en el ámbito de la Unión Europea no existe, o no se quiere aplicar, mecanismo alguno preventivo de eventuales situaciones catastróficas'. El Defensor del Pueblo Europeo deberá ahora, ante la queja planteada por la Coordinadora tras rechazarse su petición, determinar si la negativa se ajustó al articulado de la citada decisión del Consejo de 1999.

Mientras, la Comisión Europea archivó el pasado 20 de marzo otra queja sobre la seguridad de Itoiz presentada por la Coordinadora en el año 2000. Es la segunda vez que la UE archiva una reclamación de los opositores al embalse y da la razón a los gobiernos central y navarro. La primera queja se archivó en 1994, al no encontrar Bruselas ninguna infracción al derecho comunitario en el desarrollo de la obra.

En Estrasburgo

El Ministerio de Medio Ambiente aseguró ayer que esta decisión de la Comisión supone que el proyecto 'cumple con los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, según la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas'. Añade el ministerio que, a su juicio, esta decisión demuestra 'que la ejecución de la obra reviste la más absoluta seguridad, sin que exista riesgo grave'. La queja de la Coordinadora fue remitida por los Quince hace un año a las autoridades españolas, y éstas informaron 'de manera exhaustiva' sobre la elaboración, aprobación y ejecución del proyecto, así como los aspectos geológicos y estructurales de la obra, agregó el ministerio.

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tramita actualmente una demanda de la Coordinadora contra la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2000 que avaló la legalidad de las afecciones mediambientales de Itoiz y dio por cerrado el debate ecológico de la controvertida obra. El Estado ha aprobado inicialmente el plan de emergencia de Itoiz y en febrero pidió a la Audiencia Nacional los permisos para proceder a las pruebas de carga, previo levantamiento de la prohibición judicial que lo impide desde 1996. La Audiencia Nacional no ha contestado y debe aún pronunciarse sobre la validez de los cambios en la legislación medioambiental navarra que permitieron legalizar el proyecto una vez construido.